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Una de cal y otra de arena. El Gabinete Lazcoz está dispuesto a levantar el pie del acelerador de los plazos de edificación de las 4.000 viviendas libres que quedan pendientes en Salburua y Zabalgana, pero no así a revisar los costes de urbanización de los sectores. El equipo municipal de gobierno responde así a las continuas peticiones de demora, e incluso de paralización, que han cursado los promotores locales en los últimos meses ante la desaceleración económica y la crisis de ventas que atraviesa el sector.

Los constructores sustentan sus reivindicaciones en el frenazo de un mercado que apenas les surte de clientes, cuando antes iniciaban la edificación de un bloque de viviendas con todos los pisos vendidos sobre plano. Esta circunstancia les impide obtener préstamos para hacer frente a los costes de edificación, ya que la mayor parte de las entidades crediticias les exigen para ello acreditar que el 70 por ciento de esas casas ya tiene comprador.

Así las cosas, el Gabinete Lazcoz está decidido a flexibilizar el ritmo de construcción de las viviendas libres que restan por levantar en los nuevos barrios. "Somos sensibles a la preocupación del sector. Comprendemos que ahora no se les puede obligar a que las hagan todas, porque es imposible. No tienen financiación. Por tanto, revisaremos los plazos", afirmó ayer el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso.

Esa rebaja del ritmo de crecimiento del parque de viviendas libres que rematará el este y el oeste de la ciudad no llevará aparejada una revisión a la baja de los costes de urbanización de los sectores, otra de las demandas de los constructores. En este punto, el edil socialista se mostró tajante. "Es inadmisible para el Ayuntamiento poner en cuestión ese asunto", zanjó.

Mismo énfasis o más puso el responsable municipal de Urbanismo en defender la cadencia de construcción de los pisos de protección oficial que restan por edificarse en Salburua y Zabalgana. Estas viviendas suponen el 73 por ciento de todo el parque de casas que componen esos dos distritos. En números absolutos suman en torno a 20.000, según la revisión de 2004 del pacto de la vivienda que suscribieron PP-PSE y PNV cuatro años antes.

"Ninguna crisis puede truncar ese acuerdo. Tanto los plazos de edificación, como la calidad de esas viviendas y su entorno urbanístico están garantizados porque, sencillamente, son sagrados. Y, por tanto, intocables", aseveró Alonso.

El concejal del PSE agregó que las promociones previstas mantienen la cadencia en la edificación prevista "y así va a seguir, sin parones, ni interrupciones ni ralentizaciones. El horizonte de la VPO en Vitoria es cierto. Por tanto, lo que hay que enviar a la ciudadanía es un mensaje de optimismo", demandó para, a continuación, revalidar la promesa del Gabinete Lazcoz de terminar para "2011 ó 2012" con la lista de demandantes de un piso protegido.