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El peaje de la A-8 vuelve a estar en el punto de mira. Mientras el pleito entre la Diputación y el PP continúa en el Supremo, esta semana dos grupos junteros han planteado sus dudas sobre la legalidad de las tarifas que se están cobrando a los usuarios. Primero fue Aralar, que cuestiona el pago del tramo entre Basauri y Erletxe. Ayer, los populares solicitaron la comparecencia del diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo, en las Juntas Generales para que aclare "el limbo jurídico" en el que, a su juicio, se encuentra el canon.

Este "vacío legal" tiene su origen en una serie de normas encadenadas. La que se aprobó en 2002 para regular el peaje de la A-8 fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el año pasado a instancias de los populares. Los magistrados estimaron que las tarifas se "extralimitan" porque no sólo se destinan al mantenimiento de la autopista, sino a financiar otras infraestructuras como la "Supersur".

La Diputación presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que puede tardar años en resolverse. Mientras tanto, y para garantizar la "seguridad jurídica" del canon, aprobó una nueva Norma Foral de Carreteras que entró en vigor en febrero de este año. En sus disposiciones finales, deroga la normativa de 2002 y fija un plazo de seis meses para regular mediante un decreto "las partes de la red de infraestructuras viarias" donde se debe aplicar el peaje, así como su importe.

El Gobierno foral anunció que en el decreto fijaría el canon de la "Supersur" y revisaría el de la A-8. Ante los rumores sobre un posible incremento, el propio José Luis Bilbao garantizó que no habría subidas más allá del IPC. El tiempo ha pasado sin que se apruebe esta disposición, lo que en opinión del PP deja las tarifas en una situación "alegal. El plazo vencía en agosto y hemos esperado pacientemente, pero este vacío legal va a ir a los tribunales", afirmó el portavoz del grupo juntero, Carlos Olazabal. Los populares estudian incorporarlo al proceso que se sigue en el Supremo.

En realidad hay una tercera norma sobre el peaje de la A-8, el Plan Especial de Accesibilidad aprobado en 2003. Uno de sus artículos establece el cobro de un canon en el tramo "objeto de una concesión en este momento", el mismo donde se aplica en la actualidad. Sin embargo, la norma no profundiza en este asunto ni hace referencia a la cuantía de las tarifas, ya que todo ello se reguló en la legislación que ha sido derogada y anulada por los tribunales.

El PP considera que el retraso del decreto obedece, por una parte, a la situación del PNV, "sin mayoría absoluta en las Juntas", y por otra, a una cuestión de números. Según sus cálculos, con el sistema que establece la nueva normativa los precios serían "inferiores" a los que se están cobrando, ya que la A-8 "se terminó de construir hace más de 30 años" y cuando venció la concesión de Europistas, en 2003, "estaba totalmente pagada". La Diputación eludió ayer hacer declaraciones y afirmó que dará las explicaciones solicitadas por el PP y Aralar -que ha detectado una "contradicción" al regular el tramo sujeto al canon- en las Juntas Generales.