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Educación para la Ciudadanía (EPC), diseñada para el último ciclo de Educación Primaria y para toda la Secundaria, será una asignatura más. Tendrá el mismo peso que las demás materias y será necesaria la asistencia a clase y superar la evaluación para obtener el graduado en ESO. Así lo explicó ayer el representante del Ministerio en La Rioja en materia de Educación, Manuel Medrano, quien recordó que, en esta región, los alumnos de segundo de la ESO comenzarán a estudiar la materia el próximo curso. Hay que recordar que la asignatura ha sido objeto de polémica en varias de las comunidades donde ya ha sido implantada. Precisamente, la objeción en otras zonas ha acabado en los tribunales. Según Medrano, actualmente hay 3 sentencias de los TSJ de Cataluña, Asturias y Aragón favorables a la asignatura, y sólo el de Andalucía, «en plena campaña electoral», ha reconocido el derecho de los padres a objetar. A ello se suman doce resoluciones favorables también a EPC.

En La Rioja, Educación, ante el llamamiento a la objeción por parte de la asociación católica de padres de alumnos (CONCAPA), ha anunciado que aceptará objeciones contra esta asignatura y que espera una avalancha de peticiones. Así, ha advertido que abrirá la vía para que las familias acudan a los tribunales. Para Medrano, esto está abocado a que el Tribunal Supremo acabe sentando jurisprudencia y decidiendo sobre esta asignatura. «Esperemos que sea pronto. Hasta entonces nadie está exento del cumplimiento de la ley. Y las clases empiezan en septiembre», explicó. Por otro lado, ante la avalancha de críticas sobre la posibilidad de que se adoctrine en esta materia, denunció que «no se necesita esta asignatura para que los docentes adoctrinen, pueden hacerlo en cualquier otra».

Así, explicó que la asignatura, impulsada por el Gobierno socialista, está fijada en la LOE y es de obligado cumplimiento. Su objetivo es enseñar valores democráticos y constitucionales y ha sido pactada con la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) para que pueda ser adaptada a su ideario católico. En cuanto a la opinión de algunos sectores conservadores, que consideran que su contenido se extiende a aspectos morales, Medrano explicó que le da «mucha tristeza que se piense así». «La Rioja se comporta como una Comunidad subalterna a los intereses del PP. Los derrotados en las elecciones buscan imponer una escala de valores a costa de fracturar nuestro modelo. Llaman a la desobediencia y al incumplimiento de la ley», subrayó.

Por último, para el socialista, el origen del problema «es una mezcla de oportunismo político del PP y de los residuos del integrismo católico, últimamente muy activos y en el que está detrás la Conferencia Episcopal». Respecto a la actitud del PP de La Rioja, destacó que «siempre trata de desmontar como sea los avances sociales del Gobierno de Zapatero. Antes fue contravenir la Ley antitabaco; dificultar las ayudas para la emancipación de los jóvenes y retrasar la evaluación de los dependientes». Por otro lado, Medrano anunció que el Ministerio de Educación ha transferido a La Rioja 356.932 euros para el desarrollo de cuatro programas orientados a la implantación de la LOE, lo que demuestra que «la colaboración leal del Gobierno central con La Rioja se ha mantenido».