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La balsa que resolverá definitivamente los problemas de abastecimiento de Carranza deberá sortear primero serias dificultades técnicas derivadas de la inestabilidad del terreno. "Sabíamos que las condiciones geotécnicas eran muy desfavorables", reprochó ayer el apoderado del PP Arturo Aldecoa, que leyó fragmentos del estudio de impacto ambiental del proyecto que se ejecuta en La Argañeda. Sus críticas fueron respaldadas por otros grupos en las Juntas Generales. "Es cierto que sabíamos que la ubicación no era ideal, pero sí el lugar adecuado", replicó el diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga. "Aunque no es la mejor, es la única posible".

El responsable foral compareció en la Cámara para dar explicaciones a petición del PP, EB y Aralar ante el retraso y el sobrecoste del proyecto. El presupuesto no está cerrado, pero se da por seguro que superará los cuatro millones de euros, cuando el proyecto se adjudicó por tres, debido a los refuerzos necesarios. Las obras están paralizadas hasta primavera tras dos episodios de deslizamientos, por lo que el depósito no podrá cumplir su función hasta el verano de 2009.

"Algún fallo de planificación ha tenido que existir",dijo Jonathan Martínez, apoderado de EB y concejal en Carranza. El estudio de impacto ambiental, que sólo analizó la zona de La Argañeda, ya advertía "de dos tipos de riesgos: inestabilidad e inundabilidad", precisó Aldecoa. "No digo que no se puedan resolver, pero nos hemos complicado la vida innecesariamente. Deberían haber estudiado otras ubicaciones".

Madariaga replicó que la conclusión del estudio de impacto ambiental fue que el proyecto es "compatible" pese a las características del terreno. Según dijo, el emplazamiento de La Argañeda se eligió, entre otras razones, "para garantizar que la balsa se llene de agua", ya que está cerca de tres arroyos y de la captación que conduce a la estación de tratamiento de agua potable. Además, aunque se encuentra en una zona protegida por su interés paisajístico, es un terreno "de prados y pinos" con un camino forestal de acceso, por lo que no ha habido que construir infraestructuras "que tendrían gran impacto".

"Sabíamos que podía haber problemas, como en nueve de cada diez obras, porque Vizcaya es como es", dijo el diputado, que mostró su "confianza" en los técnicos forales. La socialista Nieves Terán planteó la posibilidad de exigir responsabilidades a los autores del proyecto constructivo "para que todo el sobrecoste no sea público. Con las advertencias del estudio de impacto ambiental, la ingeniería tenía que haber tenido más rigor en el cálculo de las estructuras".