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Pilar Gracenea, funcionaria de Hacienda y una de las cinco imputadas en el presunto fraude cometido en la oficina tributaria de Irun, volvió a rechazar ayer ante la comisión de investigación de las Juntas Generales cualquier vinculación con las presuntas irregularidades. En una larga comparecencia a puerta cerrada que superó las dos horas y media, Gracenea insistió ante los junteros que nunca sospechó que en la oficina de Irun se estuviera cometiendo algún tipo de actividad ilícita.

Gracenea es la primera imputada que comparece ante la comisión que investiga las responsabilidades políticas del presunto fraude fiscal, que la Hacienda foral eleva a 8,1 millones de euros. Su jefe en la delegación tributaria de Irun, José María Bravo, presunto cerebro de la trama y en prisión desde el pasado mes de julio, estaba citado a declarar ante la comisión dos horas antes que Gracenea. Finalmente, declinó comparecer.

Quien sí lo hizo fue Gracenea. Aunque la funcionaria de Hacienda había solicitado que su comparecencia fuera pública, finalmente la comisión decidió mantener su carácter "secreto". Quizá por eso la expectación de los medios a las puertas de la sala de Juntas era máxima. Sin embargo, a su salida, Gracenea, con gesto sonriente, se negó a hacer algún tipo de declaración. "Ha estado absolutamente tranquila y ha colaborado en todo", señalaba posteriormente uno de los miembros de la comisión.

Según fuentes forales, la funcionaria de Hacienda -ahora liberada sindical- mantuvo ayer durante su larga comparecencia la versión que ofreció el pasado 2 de agosto ante la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Irun, Almudena Ovejero. Acompañada por su abogada Elena Garayalde, Gracenea se desvinculó de cualquier actividad ilícita y declaró que nunca llegó a sospechar que se pudieran estar cometiendo irregularidades.

Los miembros de la comisión interrogaron a la imputada sobre las funciones que desempeñó en el departamento foral de Hacienda, la estructura de la oficina de Irun, su capacidad de acceso a información tributaria, y la organización de la supervisión y control del trabajo en esta sucursal. La compareciente también fue interrogada sobre la "gestión de expedientes que no eran de la competencia de la oficina de Irun y la autorización para su remisión".

Gracenea se mantuvo fiel al guión de su testimonio ante la juez. En su declaración judicial del 2 de agosto, la funcionaria señaló que su labor en la oficina de Irun era la de recaudación, la del cobro en ventanilla. Explicó que dicha recaudación correspondía a procedimientos en ejecutiva, es decir los correspondientes a personas o entidades que no habían hecho efectivo alguno de los pagos. Gracenea recordó que el despacho irunés era el encargado de gestionar los casos "fallidos" o "insolventes". Detalló que en su oficina se efectuaban diversas gestiones por si aún cabía la posibilidad de cobrar la deuda.

Trámite de expedientes

Gracenea manifestó que de los 33 expedientes investigados por la Fiscalía hasta aquella época no había "tramitado" ninguno de ellos, si bien precisó que en varios llegó a introducir algunos datos en el ordenador. "Sólo he datado algunos", dijo. Indicó igualmente que no halló en dichos expedientes ningún elemento que suscitara su desconfianza. Declaró también que en la delegación se trabajaba en un ambiente de plena confianza, que se hallaba muy a gusto y que "nunca se le indicó algo que pudiera ser irregular".

La funcionaria manifestó igualmente que tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades descubiertas cuando se incoaron las diligencias y el caso saltó a los medios de comunicación. Tras la sesión de ayer, el presidente de la comisión, el socialista Julio Astudillo, destacó su "satisfacción" por el comienzo de las comparecencias y por la voluntad de colaboración mostrada por Gracenea. "Su testimonio ha sido positivo para el esclarecimiento de las verdades políticas. Los efectos se verán a medio plazo", apuntó.