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El terreno de la discordia, ése que desde hace un mes quita el sueño a los vecinos de San Ignacio y de las inmediaciones, tiene un precio: 25 millones de euros. Esta es la cifra que pagará el Gobierno vasco al Puerto a cambio de los 25.000 metros cuadrados de suelo que se ganarán al canal de Deusto mediante rellenos para construir una veintena de edificios. Esta polémica actuación -que, según los residentes, masificaría el barrio, desataría el caos circulatorio y supondría una pérdida de vistas y de calidad de vida- se iniciará, según avanzó el Puerto, "a partir de julio".

De esta manera, si la Autoridad Portuaria no hace cambios en su calendario, se cumplirán los temores de la plataforma vecinal que lidera la oposición a este "apéndice del plan de Zorrozaurre" -así lo han bautizado los portavoces de la asociación con una mezcla de amargura y retranca- , ya que han manifestado en múltiples ocasiones sus "sospechas" de que los trabajos arrancasen aprovechando algún periodo vacacional para sortear los intentos vecinales de frustrar el comienzo de las obras.

A pesar de que fuentes cercanas al proyecto habían alertado de que los rellenos podrían empezar este mismo mes, el inicio de los trabajos tendrá que esperar, al menos, cuatro meses más. Aunque se desconoce si la presión vecinal ha influido en este cambio de planes, lo cierto es que pasará más de un año desde la licitación de las obras a la empresa COMSA por 2,6 millones de euros -que se realizó el pasado mes de junio- hasta el comienzo de los trabajos. Tras este prolongado paréntesis, las obras durarían unos cinco meses y "finalizarían en enero", detalló el Puerto.

De este modo, en la agenda del Puerto no parece hablar influido el hecho de que los ciudadanos hayan iniciado una intensa campaña contra el proyecto, ni que estudien denunciarles, tampoco que el Plan General no obligue a hacer rellenos. ¿Y si luego no hacen falta cuando el plan definitivo sea aprobado? "La respuesta del Puerto fue que, entonces, podría decirse que han malgastado el dinero", aseguran miembros de la plataforma, que se han reunido con técnicos de esta entidad, pero reclaman una cita con sus responsables políticos, "que aún no han dado la cara".

Estudio de Idom

Al final, la operación de relleno, que podría cambiar la vida de miles de vecinos, se llevará a cabo avalada por un informe de la empresa Idom, que, "curiosamente", se ubicará en la nueva zona "rellenada", deslizan los vecinos. En cuanto al estudio de impacto medioambiental, aconsejable en este tipo de actuaciones, porque zanja cualquier tipo de suspicacia, el Puerto se ha agarrado a la Ley de Puertos que recoge que no es preceptivo, con lo que tampoco se conocerá nunca qué consecuencias tendrá la actuación en el entorno. De todos modo, esta cuestión no sorprende a los vecinos, que desde el principio han denunciado la "total falta de transparencia y de información" en todo el proceso.