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La construcción de diez adosados en el centro de Zaratamo ha estado envuelta en la polémica desde su inicio, hace un año, pero parece que en pocas semanas el papeleo se pondrá en regla. En la actualidad, estas viviendas situadas en el barrio de Elexalde están muy avanzadas en su edificación pero no cuentan con la licencia de obra previa, trámite obligatorio en cualquier promoción de este tipo. El encargado de concederla es el Ayuntamiento, que ha asegurado que en pocas semanas expedirá este permiso.

"Zaratamo es una localidad muy pequeña y a veces nuestros funcionarios se ven desbordados por el trabajo. Por eso hemos tardado tanto tiempo", se justificó ayer el alcalde, Roberto Ibarretxe. El primer edil señaló que tienen en su poder toda la documentación necesaria y que ahora sólo resta seguir el procedimiento marcado para conceder la licencia. Eso sí, advirtió de que la obra deberá ser paralizada mientras se concreta este proceso, aunque no especificó durante cuánto tiempo se suspenderá el tajo.

A instancias de las quejas presentadas por un vecino, el Ararteko ya se interesó hace unos meses por la situación irregular de estos chalés, pero la falta de colaboración por parte del Consistorio le impidió mediar en el conflicto. "Es una vergüenza que un constructor pueda hacer lo que quiera mientras el Ayuntamiento y el resto de las instituciones lo permiten", se quejan residentes de la zona, que denuncian ruidos y molestias a causa de las obras.

Por su parte, el promotor de los adosados ha reconocido que se "saltó" el protocolo. "En su momento presenté toda la documentación sin ningún error. Quién me iba a decir que iban a tardar tanto en darme la licencia", apunta el responsable de esta promoción, quien reconoce que quizá no actuó "del modo correcto", aunque justificó su proceder alegando que "ya tenía compromisos adquiridos con los compradores". "El más perjudicado he sido yo con esta tardanza, he perdido mucho dinero en la operación", añadió. La forma de actuar de la empresa puede acarrearle una sanción municipal aunque la firma tampoco descarta pedir una indemnización por daños y perjuicios.

Otro frente abierto en el Ayuntamiento es la situación "ilegal" de la empresa Outokumpu Cooper Tubes, una firma de metalurgia ubicada en Arkotxa. Los vecinos llevan una década quejándose por el ruido y una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Consistorio a regularizar la situación de esta compañía y a expedir la pertinente licencia de actividad. De no cumplir con los requisitos, debería proceder a su cierre.

Los mandatarios locales han pedido asesoramiento a una consultora especializada en temas de medio ambiente sobre cómo actuar en este caso. "Queremos ir con calma y hacer las cosas bien, sabemos que hay una sentencia judicial pero confluyen otros muchos factores a tener en cuenta", apuntó ayer Ibarretxe.