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La presunta concesión irregular de una licencia de construcción en el pueblo de Matauco empieza a cobrar tintes de trama urbanística. La investigación abierta en el seno del Ayuntamiento para esclarecer este asunto parece haber arrojado ya algunos frutos.

El equipo de gobierno del PSE ha descubierto conexiones entre la polémica casa que se rehabilita en Matauco para hacer cuatro viviendas y el denominado "caso Ali". Como es conocido, en este barrio se levantaron en la pasada legislatura siete chalés en un solar en el que, por su tamaño, según técnicos municipales, sólo podían edificarse seis. Por ello, el anterior concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, (PP), se encuentra imputado.

Las luces rojas se encendieron el pasado martes cuando la junta administrativa de Matauco transmitió al Gabinete Lazcoz sus sospechas sobre una presunta irregularidad en una obra del pueblo. Explica que la empresa que había obtenido permiso para rehabilitar una casa y convertirla en cuatro viviendas la había derribado y seguía adelante con su plan de hacer el mismo número de pisos, cuando la ley sólo permite uno en este supuesto.

La investigación puesta en marcha al día siguiente ha revelado que la sociedad limitada que lleva a cabo la obra, Mendibiarte, dirigida por Nicolás Matute, es la misma que vendió el solar y el proyecto de Ali a la constructora Salgado Iglesias, que ejecutó los chalés, según ha reconocido la hija del propietario de esta última sociedad.

Pero no sólo existe ese vínculo empresarial. El funcionario del Departamento municipal de Urbanismo que elaboró los informes favorables a la concesión de las dos licencias -en ambos casos previo rechazo de otros compañeros- es el mismo, Miguel Ángel García-Fresca.

El alcalde Lazcoz -en ausencia del concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, paralizó en marzo la obra de la casa de Matauco al descubrirse que se había derribado. La empresa recurrió y García Fresca informó a favor de la reanudación de los trabajos. Alonso atendió la recomendación y dio el visto bueno al reinicio de la obra.

Una situación similar pudo vivir su antecesor en el cargo, el popular Jorge Ibarrondo, cuando autorizó con su rúbrica la edificación de siete chalés en un solar de Ali, previsto sólo para seis, avalado por un informe del mismo técnico. Un juzgado de Vitoria debe decidir en las próximas semanas si procesa o no al ex concejal, como reclama el fiscal. La conexión entre Matauco y Ali no acaba ahí. El Gabinete Lazcoz indaga también el papel que podría haber jugado en este enredo un antiguo funcionario del mismo departamento y que trabajó como inspector de obras del Ayuntamiento. Se trata de José Ramón Aldea Serrano, quien ejerció de asesor urbanístico de la firma Salgado Iglesias en la controvertida promoción de Ali.

Según fuentes municipales, este ex empleado local es el aparejador del proyecto de Matauco. Se da la circunstancia de que Aldea Serrano fue visto el miércoles por la mañana en los pasillos de la Casa Consistorial para mantener, al parecer, una reunión con los asesores legales de la Corporación. Medios del sector de la construcción le consideran el "eslabón" entre algunas promotoras y funcionarios de Urbanismo.

Todas estas revelaciones han llevado al Gabinete Lazcoz a abrir un expediente a Miguel Ángel García-Fresca para esclarecer si está o no implicado en las irregularidades urbanísticas de Matauco y Ali. En declaraciones a este diario, el técnico asegura que desconocía ser objeto de una investigación interna. "Ningún miembro del equipo de gobierno se ha dirigido a mí para nada. Tan sólo me he reunido hoy -por ayer- con la directora de Planificación para la Gestión de Suelo y Vivienda (Susana Vizcarra) y ha sido porque lo he solicitado yo", zanja.

El arquitecto municipal, que ha acudido a su puesto de trabajo como un día más, dice sentirse "totalmente indefenso" ante lo ocurrido. Además de la apertura de este expediente, la Junta de Gobierno Local podría revocar hoy la licencia de la casa de Matauco. Esta medida conlleva la paralización automática de las obras, que discurrían ayer con total normalidad, tal y como comprobó de nuevo este periódico. El alcalde, que indaga posibles derivaciones del caso en otros departamentos municipales, ha permanecido callado.

Lazcoz no ha ofrecido a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, ningún detalle sobre el asunto. El miércoles, tras reunir con urgencia a la oposición para informarles del caso y pedirles que sellaran sus bocas hasta tener confirmadas sus sospechas, se limitó a avanzar públicamente su intención de "reestructurar" Urbanismo. El regidor se limitó a hablar de la existencia de "un problema" para justificar su decisión de proceder a una "reorganización" del departamento. El cambio supondrá la "entrada y salida de personas", pero adelanta que no afectará ni al titular del área, el teniente de alcalde y concejal Juan Carlos Alonso, ni a los directores del departamento, Susana Vizcarra y Jesús Marcos.