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Los vecinos del número 13 de la plaza de la Constitución celebraron la inauguración del nuevo ascensor recién instalado en el hueco de su escalera. Después de tres años de "pelea" con el propietario del local adyacente, el acontecimiento merecía la pena. Es el primer elevador que se instala en la ciudad al calor de la nueva ordenanza municipal que avala incluso la expropiación de una parte de los bajos comerciales.

La ocasión no era para menos. Las secuelas de una rotura de rótula que dificultaban seriamente la subida y bajada de casa a una vecina del cuarto piso, ya no será un problema. Como ella, la mayoría de los vecinos rondan los 70 años y por eso entraban de lleno entre los colectivos que tienen derecho a reclamar que su casa tenga un ascensor, aunque para colocarlo sea necesario utilizar un espacio de los locales comerciales adyacentes.

La Ordenanza para la Promoción de la Accesibilidad a las Viviendas, en vigor desde el mes de junio, ha abierto la veda y ya hay numerosas solicitudes para instalar ascensores en los viejos edificios de viviendas de la Parte Vieja. El primer expediente que incluirá expropiación corresponde a un portal de la calle Narrika, según reconoció el concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia. Le seguirán otros tantos como el del número 25 de la calle 31 de agosto.

La norma otorga a los mayores de 70 años y a los discapacitados el derecho a una licencia de obra para tener un acceso sin escaleras a su vivienda. Se establece que si el proyecto de instalación del elevador aprobado por el Ayuntamiento conlleva necesariamente afecciones a los locales comerciales de la planta baja, y si los vecinos no llegan a un acuerdo con el propietario del local, es posible utilizar la vía de la expropiación. El consistorio llevará a cabo el procedimiento, a cuenta del titular de la licencia.

En el caso del portal 13 de la plaza de la Constitución no ha hecho falta poner en marcha este mecanismo. Aunque el espacio de la escalera permitía la intervención en los últimos pisos, la planta baja y el sótano presentaban un problema de falta de espacio. Tras un proceso de negociación con el responsable del negocio La Palma, que abarcaba una zona de la planta baja y la "bodega", ambas partes llegaron a un acuerdo económico, explicó a DV Manuel Berrenechea, presidente de la comunidad de vecinos. Durante años se cerró en banda a negociar el precio de sus 2 m2, pero la inminente entrada en vigor de la ordenanza obligó al propietario a dialogar, según indicó Letamendia.

La nueva norma refuerza el derecho de los vecinos mayores o con alguna discapacidad a contar con una vivienda accesible. En el caso de casas viejas sin ascensor, como en la Parte Vieja, esto implica tener derecho a colocar un ascensor.

La posibilidad de expropiar parte de los locales comerciales de la planta baja, si no hay otra alternativa, ha generado incertidumbre entre los empresarios. La ordenanza les da el derecho a plantear un proyecto alternativo al propuesto por las comunidades de vecinos.

Quienes decidirán en último caso serán los técnicos del Departamento de Urbanismo que sólo darán licencia a los proyectos que provoquen las mínimas afecciones posibles a los comerciantes.