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Casi dos años después de que el Ayuntamiento de Bilbao ordenara el cierre de la discoteca Privée en el barrio de San Ignacio tras la muerte violenta de un joven ecuatoriano en la puerta del local en octubre de 2005, una juez le ha dado la razón al Consistorio y ha avalado la decisión.

La trascendente resolución judicial, dictada por la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Bilbao, a la que ha tenido acceso este periódico, considera que la sanción impuesta por el Ayuntamiento de un año de suspensión cautelar de la actividad hostelera y 30.000 euros de multa resulta "proporcionada" y "congruente" respecto de la infracción, "y no merece reproche alguno".

La jueza apunta también a las "quejas de los vecinos", que -añade- "en más de una ocasión han motivado la actuación inspectora" por parte del Consistorio. Al no apreciar "mala fe o temeridad" en la acción de la Administración, la magistrada desestima el recurso presentado por los responsables de la sala y "mantiene la prohibición del ejercicio de la actividad" de la Privée.

Perjuicios económicos

El fallo podría suponer un precedente con respecto a otros conflictos vecinales abiertos, como el de la discoteca Fania de Deusto, donde una mujer fue degollada, y sobre la que el Ayuntamiento adoptó también la medida del cierre cautelar. La jueza desestima los argumentos de la parte recurrente que aducía "cuantiosos perjuicios económicos", que cuantifican en 45.000 euros, de acuerdo al contrato de arrendamiento y en concepto de alquiler. La empresa que gestionaba el local alegaba que se había vulnerado la presunción de inocencia, al entender que se había impuesto la sanción y después se había buscado un motivo para justificarla".

Concluyente resulta el informe de la jefatura de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao que constató que tras el cierre de la sala desaparecieron los desórdenes públicos en la zona, y tampoco se registró ninguna amenaza con arma u otras agresiones. El director de Seguridad Ciudadana, por su parte, también destacó en un escrito que a raíz de que el Privée cerrara la persiana, el barrio había recobrado la "normalidad".

La sentencia se basa en la "continuada y reiterada comisión de infracciones" por parte de la sala de fiestas, "con una constante y absoluta vulneración de la normativa reguladora". Los servicios jurídicos municipales apoyaron la medida con un listado sobre las intervenciones policiales por agresiones, alborotos y ruidos, tanto de la Ertzaintza como de la Policía Municipal de Bilbao, así como las sanciones administrativas impuestas por incumplir el horario de cierre y otras ordenanzas, algunas de ellas de hasta 1.200 euros.