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Las casi 120 trabajadoras de la residencia de mayores de Ariznabarra que gestiona Mapfre-Quavitae esperan que el reciente acuerdo económico al que han llegado la empresa y la Diputación ayude a poner fin a cuatro meses de paros. La diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, anunció ayer que su departamento ha sellado un compromiso con la firma de seguros madrileña para poner al día los precios de los últimos cuatro años de las 140 plazas del geriátrico y del centro de día que la institución foral tiene concertadas.

De esta manera, la institución foral pagará 2,1 millones de euros a Quavitae en virtud de la revisión de tarifas de los años 2003 a 2007. Y para este ejercicio, ambas partes han acordado que la Diputación abonará 107 euros al día por las 80 camas de la residencia y 60,41 euros diarios por las 60 plazas del centro de día, un notable incremento si se tiene en cuenta que hasta ahora se pagaban 80 y 43 euros. "Desde 2003 no había habido una actualización de precios, a pesar de que en el contrato ponía que se debía hacer. Es una situación heredada que ha impedido liquidar cuentas con Quavitae", indicó Solaguren.

La diputada aseguró que esta es misma propuesta que realizó a la empresa el 15 de febrero, antes de que las trabajadoras iniciaran la huelga, que ya se prolonga cuatro meses. Según las empleadas, que ayer se concentraron frente al Palacio foral, la Diputación ha doblado su oferta. Las portavoces del comité de empresa y de ELA calculan que Quavitae dispondrá este año de más de 9 millones de euros para la gestión de la residencia. "A ver si así dejan de regatear con la comida de los ancianos y se cubren las bajas laborales", reclamó Izaskun Gana, de ELA.

Casi toda la plantilla de 125 trabajadoras del centro realiza paros desde el 18 de febrero en demanda de la equiparación de sus condiciones laborales con las de los empleados del Instituto Foral de Bienestar Social. Por su parte, Quavitae, según las trabajadoras, pretende aplicar el convenio estatal, que supone un aumento de jornada de más de 100 horas y una reducción de salario de casi 500 euros al mes.

Tras la inyección de dinero por parte de la institución, las empleadas confían en que la disposición al acuerdo sea mayor que hasta ahora "porque se cierran en banda y no quieren negociar un convenio", indicó Vicky Holgado, presidenta del comité de empresa. Además, se mostró molesta con Solaguren por haber querido reunirse sólo con ella y no con el resto de compañeras, y le pidió que se implique en la resolución del conflicto.