Noticias Ya.com

El botellón y las reyertas tienen los días contados en Barakaldo. Ése es, al menos, el objetivo del Ayuntamiento, que ha consensuado con hosteleros, comerciantes y vecinos dos nuevas ordenanzas que regularán las peleas y el consumo de alcohol en la vía pública. Ambas normativas se han presentado ya a los partidos de la oposición, que podrán presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva. El equipo de gobierno anuncia su entrada en vigor para "mediados de septiembre".

La ordenanza más amplia y detallada, la del botellón, regulará la publicidad, la venta y el consumo de alcohol entre los menores de edad. El Consistorio persigue con ella dos grandes objetivos. "Sobre todo queremos proteger la salud de nuestros jóvenes, pero también lograr un uso más racional de la calle para no generar molestias de ruido y suciedad a los demás vecinos", explicó ayer el alcalde, Tontxu Rodríguez.

Entre otros aspectos, la nueva normativa prohibirá la promoción de bebidas entre los jóvenes y su publicidad exterior, lo que acabará con la cartelería que, con suculentas ofertas, invade la cristalera de muchos bares. También se regulará la comercialización de bebidas en supermercados y otros comercios, así como su venta en centros de enseñanza, equipamientos deportivos o a través de máquinas ubicadas en la vía pública.

Por otro lado, se vigilará y sancionará el consumo de alcohol en la calle, siempre que no sea en terrazas de locales hosteleros o en las txoznas de las fiestas populares. Las multas para quienes incumplan las reglas marcadas podrán elevarse hasta los 3.000 euros, que se destinarán a programas de reinserción. A los establecimientos, además, se les advertirá sobre el cese de la actividad e incluso el cierre definitivo. Los jóvenes podrán reemplazar su pago por cursos de prevención sobre drogas o labores a la comunidad.

Por otro lado, se vigilará y sancionará el consumo de alcohol en la calle, siempre que no sea en terrazas de locales hosteleros o en las txoznas de las fiestas populares. Las multas para quienes incumplan las reglas marcadas podrán elevarse hasta los 3.000 euros, que se destinarán a programas de reinserción. A los establecimientos, además, se les advertirá sobre el cese de la actividad e incluso el cierre definitivo. Los jóvenes podrán reemplazar su pago por cursos de prevención sobre drogas o labores a la comunidad.

El Ayuntamiento, además, multará a quienes causen altercados por su comportamiento incívico o generen riñas y peleas, así como la desobediencia a la autoridad. Las sanciones podrán alcanzar los 600 euros. "Aquí no serán bien recibidos quienes vengan a provocar", advirtió Rodríguez.