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Toda la operación empezó gracias a una simple denuncia. Un padre preocupado alertó a la Policía de que su hija estaba siendo amenazada y coaccionada a través de Internet para que se desnudase. Aquel aviso dio origen, en febrero de 2006, a una investigación contra la pornografía infantil que ha durado más de dos años y que ha culminado esta semana con la detención, por parte de la Guardia Civil, de J.O.M., un vecino de Bilbao de 44 años acusado de 10 delitos de corrupción de menores, 4 de amenazas y 3 de exhibicionismo.

El arresto es fruto de una operación de este cuerpo policial en La Rioja, desarrollada durante dos años también en las comunidades de Euskadi, Cantabria y Cataluña. Iniciada la investigación a raíz de la denuncia del padre, en mayo de 2006 los agentes localizaron el domicilio de donde partían las supuestas coacciones realizadas a la menor y detuvieron a J.O.M. como presunto autor de un delito de amenazas.

A partir de ese momento se precipitaron los acontecimientos. Al analizar el material intervenido en la vivienda del sospechoso, los agentes localizaron gran cantidad de fotografías y vídeos digitales de jóvenes menores de edad con contenido sexual explícito.

Ante este hallazgo, especialistas en ciberdelincuencia identificaron en las comunidades de Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja a numerosas menores que habían sido engañadas por el detenido. Las declaraciones de las víctimas resultaron decisivas. Los agentes se trasladaron el pasado miércoles a Bilbao, donde detuvieron de nuevo a J.O.M, como presunto autor de 10 delitos de corrupción de menores, 4 de amenazas y 3 de exhibicionismo.

El presunto autor de los hechos engañaba a las menores con diferentes artimañas hasta conseguir que se mostrasen desnudas ante su "webcam". En ese momento aprovechaba para grabarlas y guardar las imágenes en su ordenador. El detenido, que utilizaba multitud de identidades virtuales, consiguió de esta manera un amplio surtido de imágenes con contenido sexual de jóvenes de toda España.

Después, J.O.M. comunicaba a las menores la grabación de las imágenes y les amenazaba para que continuaran exhibiéndose desnudas. Todo ello, a cambio de no difundir los vídeos. La operación, no obstante, continúa abierta en Andalucía, Baleares, Extremadura y Madrid para lograr la plena identificación de todas las posibles víctimas de los mismos hechos.