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Stop a la controvertida obra en Matauco. El Gabinete Lazcoz, en minoría, decretó ayer la suspensión cautelar de la construcción de una casa en esa localidad vitoriana, en donde la empresa Mendibiarte habilita desde hace meses cuatro viviendas de forma irregular. Varios policías municipales hicieron efectiva la orden a mediodía, tan sólo media hora después de que el alcalde lo anunciara de forma pública a través de los medios de comunicación.

El equipo de gobierno ha adoptado esta decisión tres días después de que la junta administrativa de ese pueblo transmitiera al concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, sus sospechas de que se estaba cometiendo una presunta irregularidad en una edificación de ese pueblo. Explicó que pese a que la promotora contaba con una licencia municipal para rehabilitar un inmueble, levantaba cuatro pisos en un edificio de nueva planta, lo que contraviene la normativa municipal. Y es que en ese caso sólo podría construir una.

Según fuentes próximas a la Alcaldía, la operación está valorada en torno a 1,2 millones de euros. Ése es el precio de venta de los cuatro pisos, cuya superficie media ronda los 120 metros cuadrados cada uno. Al parecer, dos de ellos ya tenían comprador.

"Presunción de inocencia "

De forma simultánea, y como adelantó ayer este periódico, el equipo de gobierno ha abierto un expediente administrativo al técnico del Departamento de Urbanismo Miguel Ángel García-Fresca para dilucidar su responsabilidad en el asunto.

El presidente de la Corporación -en ausencia del titular de Urbanismo, Juan Carlos Alonso- paralizó en marzo la obra de la casa de Matauco al descubrirse que se había derribado. La promotora recurrió la orden y García-Fresca redactó un expediente que recomendaba la reanudación de los trabajos. Alonso atendió el informe y rubricó el reinicio de las obras.

Se da la circunstancia de que ese mismo técnico municipal declaró como testigo por su polémica actuación en el "caso Ali", por haber firmado también el permiso para construir siete chalés. En este asunto está imputado el anterior concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo (PP). Si bien el alcalde apeló ayer al "principio de presunción de inocencia ", en alusión directa al funcionario investigado, afirmó que el caso "tiene todos los visos de ser ilegal ". Eso sí, no quiso poner nombre al presunto delito. Se limitó a decir que la actuación "contraviene el Plan General de Ordenación Urbana ".

Durante su comparecencia para dar cuenta del asunto, Patxi Lazcoz quiso enviar un mensaje de tranquilidad y expresó su convencimiento de que "no hay más casos similares " en la ciudad. Agradeció la "complicidad " de los grupos de la oposición en este delicado asunto, y señaló que esa entente ha sido tejida en torno a un objetivo: "tolerancia cero a las irregularidades y 100 " de transparencia en las actuaciones públicas ".

La investigación, pese a ello, continúa. El regidor cree que el caso se esclarecerá "en breve ". Tanto es así que la próxima semana se reunirá con los portavoces de los partidos para aportarles nuevos datos.