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Los propietarios del 47 por ciento del edificio de la Plaza Mayor que el Ayuntamiento, actuando de oficio, ha ordenado rehabilitar por el peligro que representa el mal estado de la fachada, se reunieron ayer con la alcaldesa, Blanca Rosa Gómez Morante, para informar de su interés por realizar la obra. Lo que ocurre es que para ello tienen que ponerse de acuerdo con los demás propietarios, con quienes discrepan en las modificaciones que éstos plantea para aumentar volumetría en el bajo cubierta. La intención de los primeros es conservar la estética del edificio tal y como está, sin instalar luceras ni levantar "casetones", por lo que deberá mediar el Ayuntamiento en la solución del conflicto.

El edificio, construido a principios del siglo pasado en el número 31 de la calle José María Pereda, frente a la Plaza Mayor, consta de dos alas que comparten un único portal. Los propietarios de la parte izquierda, los que ayer se reunieron con la alcaldesa, son el dueño de Calzados Manolo (local y un piso), BBK (local), Mayora (piso), Lourdes Gómez (piso), un vecino de Madrid cuya identidad no ha sido revelada (piso y buhardilla), y la familia Herreros Hijosa (titular de un fondo de la planta baja). El ala derecha pertenece a las hermanas Setién y herederos, titulares del 53 por ciento del inmueble, con dos locales alquilados.

Los propietarios que quieren conservar el edificio como está, sin cambios en el tejado, todos menos los herederos de las hermanas Setién, han convenido con la alcaldesa reunirse con el arquitecto municipal para analizar su proyecto, que pasa por afianzar el edificio realizando cuanto antes la obra, para determinar lo que se puede hacer y lo que no. Tienen, desde 2002, un proyecto del ingeniero de caminos García Moncó para el afianzamiento del edificio, mediante el arriostramiento de la fachada (refuerzo con vigas, de lado a lado), tras lo que podrían reformarse los pisos. Para ello hay que hacer catas para comprobar el estad de los cimientos.

Pero no pueden hacer nada mientras no haya un acuerdo pleno entre propietarios, que si no se produce podría obligar al Ayuntamiento a realizar la obra, subsidiariamente, repercutiendo después los costes a todos los dueños del edificio. Esta posibilidad la avanzó la alcaldesa cuando la semana pasada anunció que había ordenado la apertura de un expediente para urgir la rehabilitación del edificio, que está catalogado como "a conservar". Por falta de mantenimiento, en más de una ocasión, ha habido desprendimientos de cascotes, cristales y tablas de balcones y miradores, con el consiguiente peligro para peatones y automovilistas, que la alcaldesa se ha propuesto erradicar instando, de oficio, la rehabilitación del mismo.