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El problema no es encontrar plaza en una residencia. En Vizcaya «hay suficientes para atender la demanda actual», asegura el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. Lo que se hace largo es el camino. La «avalancha» de solicitudes que ha traído consigo la Ley de la Dependencia y el proceso de tramitación, que se sigue paso a paso, ha provocado un «atasco» en el departamento. De los 13.494 expedientes que se abrieron el año pasado 4.500 siguen pendientes de valoración, lo que obligará a reforzar la plantilla por tercera vez en unos meses.

Ni siquiera es el balance de un ejercicio completo. Aunque se habla tanto de ella que resulta muy familiar, la ley no empezó a aplicarse hasta abril de 2007, cuando se aprobó el decreto con el baremo de valoración. La primera petición se recibió el 25 de mayo y, hasta finales de año, hubo 7.153 más. Al mismo tiempo, la Diputación abrió de oficio otros 5.700 expedientes para revisar, a la luz de estos nuevos criterios, la situación de las personas que ya estaban atendidas en residencias o centros de día. Sólo 640 vizcaínos que por su grado de minusvalía ya tenían reconocida la condición de gran dependiente pudieron acceder por una «pasarela» más rápida al sistema.

Para el resto, la cadena de trámites «se ha dilatado», explicó Aburto. «Antes, la gente solicitaba directamente el servicio que quería y ahora lo que tiene que pedir es una valoración, aportando un informe médico». Los servicios sociales de base añaden un informe social y, a partir de ahí, cada caso se analiza según dos baremos: el de la nueva legislación, más restrictivo, y el que las diputaciones ya utilizaban antes.

Este doble rasero permite atender a un mayor número de personas. Sólo el 55% de los solicitantes fueron catalogados como «grandes dependientes», los únicos que en 2007 tenían acceso a las prestaciones de la ley (este año se han incorporado uno de los niveles de la dependencia severa). Sin embargo, el otro instrumento, que técnicamente se conoce como RAI, únicamente dejó fuera del sistema al 5,5% de las personas examinadas.

Esto permite "repescar" a un buen número de usuarios que, aunque no tienen derecho a las prestaciones económicas que contempla la ley, sí pueden acceder a otros servicios: residencias, teleasistencia, centros de día y ayuda a domicilio, este último envuelto en un conflicto laboral. Aburto se felicitó ayer por la desconvocatoria de la huelga, pero eludió valorar el conflicto porque se trata de un servicio municipal. «Eudel está haciendo un gran esfuerzo por ordenar el sector y creo que dará resultado», dijo.

Una vez completado el proceso de valoración, la Diputación reconoce la dependencia y prepara un plan individual de atención junto a la familia del solicitante, «que siempre tiene la última palabra». Para cuando se solicita, por ejemplo, una plaza residencial, habrán pasado «un mínimo de cuatro meses», y suele transcurrir otro hasta que finalmente se ocupa.

«Con la nueva ley está aflorando una demanda que antes no conocíamos y que no hemos sido capaces de atender de inmediato», reconoce el diputado. De los más de 13.000 expedientes, se valoraron 7.900 el año pasado, la mitad correspondientes a solicitudes nuevas. Entre ellas, 1.600 personas han accedido ya a algún tipo de servicio. Las prestaciones económicas para los cuidadores llegan a 700 familias y tienen carácter retroactivo desde la fecha de la solicitud, por lo que las familias cuyo caso aún no se ha tramitado podrán cobrar los atrasos.

La Diputación espera ponerse al día «para este verano. Ya estamos sacando más valoraciones de las que entran cada semana». Se ha aprobado la contratación de 25 trabajadores sociales y cuatro administrativos y se alquilará una oficina situada junto a la sede del departamento «para elaborar los planes de atención que están pendientes». Es el tercer refuerzo tras las 23 personas que se incorporaron en 2007 y otras 17 que hubo que sumar a finales de año.

Las necesidades, en cualquier caso, no empiezan ni terminan con la Ley de Dependencia. La institución foral atendió el año pasado a 17.000 personas mayores y discapacitadas. Aunque de momento hay espacio suficiente en los geriátricos -Vizcaya se acerca a la cobertura del 5% que se aconseja en Europa-, hay casi un millar de plazas en construcción o en proyecto para dar respuesta a una demanda que no deja de crecer.