Noticias Ya.com

En una interpretación quizá llevada al extremo, el Ayuntamiento sostiene que le da la razón en la competencia para mover la escultura cuando quiera. Sin embargo, el instructor es claro. Se puede llevar a cabo de acuerdo con el artista. Pero como Nagel no está por la labor -por eso ha planteado el pleito-, el Consistorio se arriesga a una indemnización. "No cabe, sin vulnerar el contrato, modificar el emplazamiento de "La Patata"". Y, dice el juez, "lo pactado es ley". "El demandado tendrá que respetarlo y, si no lo hace, atenerse a las consecuencias". A diferencia del "caso Calatrava", aquí no hay interés público que motive la retirada de la obra, salvo que por la zona en cuestión "pasara el tren o el tranvía".

No es posible sostener que un propietario público o privado de una escultura tenga que mantener forzosamente la ubicación de una obra si las circunstancias cambian y hacen conveniente esa modificación.

Pero tampoco puede desconocerse que en ocasiones, como este caso, la escultura se concibe para un lugar. De colocarse en otro quizá no se atenga a la idea para la que se creó, alterando el derecho a la integridad de la obra.

El Ayuntamiento de Amorebieta deberá mantener la escultura de Andrés Nagel en su actual ubicación, con el fin de evitarse una más que probable indemnización si la cambia de lugar sin el permiso del artista. Es la principal conclusión de la sentencia emitida ayer por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, instructor del "caso Nagel". En la denuncia, el autor (San Sebastián, 1947) censuraba al Consistorio por plantear el traslado de la pieza en contra de su criterio, lo que a su juicio vulnera la integridad artística. La Administración local alegaba que el mantenimiento de "La Patata" hipotecaba el desarrollo de la zona, proyectada como espacio peatonal.

El fallo judicial establece que el Ayuntamiento tiene el derecho a modificar el emplazamiento, como propietario que es de la obra, conocida popularmente en el pueblo como "La Patata". El juez no le prohíbe el traslado. Sin embargo, esa mudanza supondría un incumplimiento del contrato firmado con el escultor, a quien encargó la ahora polémica creación el 31 de octubre de 2002 para un sitio concreto del municipio -el cruce de caminos que dibujan las calles Sabino Arana, Del Carmen, San Miguel y San Pedro-. Para el juez, esa relación contractual tiene tanto peso que "es ley". Es decir, que si "La Patata" se traslada sin el consentimiento del autor, las arcas municipales pagarían "las consecuencias" al enfrentarse casi con toda seguridad a una petición de daños y perjuicios.

El instructor, Edmundo Rodríguez Achútegui -el mismo del litigio sobre el puente de Calatrava-, aporta como novedad en el caso la trascendencia que tiene el contrato, una especie de aviso para navegantes en próximas relaciones profesionales entre artistas y administraciones públicas. El documento ha sido clave en la resolución. Fija la ubicación exacta de la obra, permite al autor argumentar que había diseñado la escultura para ese emplazamiento "y no para otro" e incluye la obligación de consultarle si se propone el traslado.

Por eso Nagel se agarró a él en su demanda, cuyos argumentos centrales fueron refrendados en el juicio por Begoña Azarloza, la anterior alcaldesa de Amorebieta (PNV). Su testimonio, como representante municipal que le encargó la obra, avaló la necesidad de "contar" con el artista si se modificara la ubicación de la obra. Fue una declaración a favor de los intereses del autor, pero contraria a los de David Latxaga, actual regidor, también del PNV.

El posible cambio de lugar, origen del litigio, también es clave en el fallo. Aunque el Ayuntamiento no ha querido reconocer que el traslado ya está decidido, el juez estima que "hay voluntad" de hacerlo. Y es manifiesta -subraya Rodríguez Achútegui-, porque el proyecto que ganó el concurso para remodelar el entorno donde está colocada "La patata" recoge lo que costaría su desmontaje y traslado: 2.000 euros. El Ayuntamiento pagó por ella 180.000.

Lo que instructor no acepta es la prohibición que le pide el artista para que su pieza no se mueva del lugar, ni tampoco la protección deseada. "El dueño de la obra tiene derecho a ubicarla donde le parezca más conveniente, sin que con ello se vulnere el derecho de autor. Es perfectamente comprensible que una reforma integral propicie el deseo de modificar su situación".