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Muchas "dudas" y "sospechas". La comisión municipal de comparecencia que se celebró ayer para tratar de arrojar luz sobre la polémica que rodea el cambio de destino del agente que ordenó a la grúa retirar el vehículo particular del concejal de Deportes, Jon Sustatxa, no convenció al Partido Popular. "Seguimos desconfiando de cómo se tomó la decisión y continuamos pensando que pudo tratarse de una represalia", aseguró el edil del PP Luis Hermosa. "Nos parece demasiada coincidencia que el visto bueno a su traslado se produjera sólo cinco días después del enfrentamiento con el representante político de Ezker Batua", añadió.

La comisión se prorrogó durante aproximadamente una hora. Además de los delegados de la oposición, a ella acudieron el concejal responsable de la Policía Municipal, Eduardo Maiz, y los directores de área de Seguridad Ciudadana, Personal, Recursos Humanos y Riesgos Laborales.

Maiz tomó la palabra y defendió que la marcha del funcionario del servicio de grúa -en el que desarrollaba su trabajo por motivos de salud- y su reasignación a tareas de patrulla en Las Cortes, respondía a "razones puramente operativas". Además, el edil aseguró que la medida se tomó con el respaldo por parte de los servicios médicos.

El máximo responsable de la Policía Municipal comunicó a los asistentes que existía, con fecha de julio de 2007, un informe favorable al traslado y que el 25 de febrero -cinco días más tarde del citado incidente-, los responsables de los servicios médicos deciden elevar este dictamen y sacar al agente de las grúas por haber mejorado de sus dolencias. Según relató Maiz, el funcionario tiene abierto, además, un expediente por negarse a cumplir las prescripciones formuladas por los doctores. Esta medida disciplinaria fue recurrida ante los tribunales por el afectado.

A la salida de la comparecencia, el edil popular Luis Hermosa insistió en que la coincidencia de fechas es "preocupante". Asimismo, dijo albergar dudas sobre la rapidez con la que, dicen los médicos, se recuperó el policía, ya que "se le da el visto bueno definitivo a su traslado se produce sólo nueve meses después de que en otro informe se asegurase todo lo contrario".

Además del PP, los sindicatos ELA, UGT y SVPE también expresaron el pasado lunes sus "sospechas" por este caso. Las tres centrales advirtieron de que seguirán muy de cerca la evolución de los acontecimientos y que tratarán de recabar más datos al respecto.