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Gipuzkoa se enfrenta a unos retos sociales que requieren soluciones inmediatas: la población envejece rápidamente, el territorio recibe año a año más menores extranjeros, la protección a la infancia en situación de riesgo es ineludible y la inserción de los más desprotegidos no admite dilaciones.

La Diputación dispone de la "foto" de los servicios sociales con los que deberá contar Gipuzkoa en 2012 para hacer frente a las necesidades indicadas anteriormente. Es un borrador, pero el documento final, que estará redactado para el verano, no diferirá mucho del presentado en las Juntas Generales.

La diputada foral de Política Social, Maite Etxaniz, ha comparecido en la Cámara territorial para adelantar los datos que maneja su departamento. El documento, denominado, describe los servicios y equipamientos que serán necesarios para prestar la atención adecuada a las personas mayores dependientes, discapacitados, menores y para desarrollar las políticas de inserción social.Etxaniz indicó que con su presencia en las Juntas cumplía el compromiso expresado al comienzo de la legislatura de presentar en el plazo de seis meses el borrador del documento. A partir de ahora, indicó, se abrirá un proceso de debate abierto a la sociedad con el fin de incorporar las propuestas que se estimen convenientes.

Etxaniz explica que elrecoge el catálogo de equipamientos necesarios en cada comarca y subcomarca. "Es la hoja de ruta para completar la red", subraya la diputada. El contenido del documento ha sido explicado a los junteros por Jon Iribar, jefe de Planificación del departamento de Política Social.Iribar explicó que el informe parte de un diagnóstico realizado por técnicos de la Diputación y por especialistas ajenos a ella. Del mismo se desprende, según Iribar, que Gipuzkoa se encuentra a un nivel medio en Euskadi, por encima de España y por debajo de los países desarrollados de Europa. El diagnóstico indica que la cobertura y el nivel de gasto es óptimo en los servicios prestados a los discapacitados, excepto en los casos de enfermedad mental. Se señala que el gran reto es el envejecimiento y que las necesidades son crecientes en infancia y exclusión social, debido a la inmigración y a otros cambios sociales.

Las prioridades de la Diputación se derivan del diagnóstico. Así, según indica Iribar, se pretende elevar la cobertura, la especialización y el equilibrio territorial de los servicios de atención a la dependencia. También se quiere reforzar el apoyo a las familias que cuidan de personas mayores o de discapacitados, así como a resolver las carencias existentes en enfermedad mental y en la atención a menores inmigrantes.

En el caso de los mayores dependientes, el Ejecutivo foral propone pasar de las actuales 4.795 plazas residenciales a 6.325, lo que supone crear en cinco años 1.530 camas nuevas, cifra equivalente a una decena de residencias. Iribar destaca la necesidad de dotar a cada comarca al menos con una unidad psicogeriátrica, para atender a los ancianos con enfermedades que pueden interferir en la convivencia del centro residencial.

La ayuda domiciliaria, que atiende ahora a 6.146 personas, debería abarcar a 8.111 en 2012. Por lo que respecta a los centros de día, Iribar indicó que Gipuzkoa cuenta con la mejor red de España. Añade que el reto se dirige a su apertura los festivos.

El objetivo en la atención a mayores dependientes es lograr una cobertura de los principales servicios que llegue al 15 por ciento de los mayores, frente al 10 por ciento actual.En cuanto a los discapacitados, el borrador de la Diputación propone aumentar en 305 el número de plazas residenciales, un 40 por ciento de ellas para enfermos mentales, mientras que en el área de inserción social destaca la previsión de aumentar en 244 el número de plazas de los centros de alojamiento destinados a los distintos tipos de marginados.

Los crecimientos contemplan un coste de 351 millones adicionales a lo que ya gasta el departamento. El 56 por ciento, se lo llevaría la mejora de la atención a los ancianos. La Diputación propone afrontar dicho gasto mediante un incremento anual del presupuesto del departamento del orden del 11 por ciento hasta 2012, sin contar las inversiones que acarrearían todas las actuaciones propuestas.