Noticias Ya.com

El consenso ha llegado de la mano de un recargo económico: finalmente las basuras de Guipúzcoa se trasladarán a Vizcaya, pero con un coste adicional del 10 por ciento. La Diputación ha logrado convencer así a PSE y PP de que apoye el acuerdo con la institución foral guipuzcoana para recibir 100.000 toneladas de sus residuos en los próximos cuatro años.

La incapacidad del territorio vecino para gestionarlos -sus vertederos están saturados y las infraestructuras que los relevarán no estarán listas hasta 2013- ha convertido el "trasvase" de desperdicios en un importante punto de fricción en el ámbito foral, ya que los grupos junteros censuraron al diputado de Medio Ambiente, Iosu Madariaga, por haberles marginado del pacto entre diputaciones.

Estas disensiones habían dejado en el aire el asunto en la última Comisión de Gobierno, celebrada la semana pasada. Madariaga, comprensivo con el «enfado» del resto de partidos políticos, decidió aplazar la aprobación del convenio hasta que éste lograse un amplio consenso político, un aval que sí tuvo el plan de gestión de residuos en la pasada legislatura y que ha sido enarbolado por el Gobierno foral como un gran logro.

El diputado se ha movido con rapidez: en algo más de una semana ha logrado recabar el apoyo de PSE y PP al convenio mediante la introducción de algunas modificaciones en el borrador del acuerdo, cambios que Aralar y EB -que se mostraron muy críticos con la controvertida medida- también secundan, según ha podido saber este periódico.

La penalización económica supondrá que cada tonelada de residuos que se envíe a Vizcaya costará a Guipúzcoa algo más de 71 euros, frente a los 65 que se cobra a los municipios del territorio. Este gravamen supondrá, en los cuatro años de vigencia del convenio, unos ingresos de más de 1,3 millones de euros anuales a las arcas vizcaínas. Una cifra que incluso puede ser superior si se recarga también la basura procedente de los municipios vizcaínos de Mallabia y Ermua -unas 6.000 toneladas anuales-, tradicionalmente gestionada por Guipúzcoa por su condición de localidades limítrofes.

Este dinero no se dedicaría a engrosar las finanzas vizcaínas -suspicacia que ya negó a principios de mes el propio Madariaga, quien descartó «hacer negocio» con el "trasvase", sino que se invertiría inmediatamente en construir en Vizcaya otra estación de transferencia, infraestructura muy útil porque permite compactar los residuos para que ocupen menos espacio. Según convinieron ayer los grupos políticos reunidos con el responsable de Medio Ambiente, la posibilidad de construir este equipamiento con dinero guipuzcoano compensaría de alguna manera el traslado de basuras. «En Vizcaya también tenemos el problema de los vertederos limitados y una estación de transferencia más nos vendría muy bien», admitió ayer Arturo Aldecoa, apoderado del PP.

El texto base ya cuenta con el respaldo mayoritario que le daría luz verde en las Juntas Generales en el plazo máximo de dos semanas. Tendría el visto bueno de nueve de los once junteros, sin contar con Aralar y EB, cuyo voto es más imprevisible. El acuerdo incluye una novedad más, estrechamente ligada al recargo del 10 por ciento: el convenio, cuya vigencia de cuatro años incluía la posibilidad de una prórroga de dos por si Guipúzcoa no consigue reconducir una situación que le ha desbordado, aumenta ahora este periodo de gracia hasta los tres años.

Esta modificación de las condiciones originales ha sido bien recibida por los partidos, pese a que su reclamación desde que se anunció el convenio fue la necesidad de «urgir» a Guipúzcoa para que solventase su problema lo antes posible. Ahora, con las nuevas disposiciones, un eventual retraso tendría, al menos, una compensación para Vizcaya.

«Además, si el problema se alarga en el tiempo, nosotros ya tendríamos en marcha el servicio de tratamiento mecánico-biológico de Artigas y los residuos de Guipúzcoa no irían en los últimos años del acuerdo a los vertederos vizcaínos», aclaró Aldecoa. Aralar, por su parte, también mostró su «satisfacción» por haber logrado «incluir» sus demandas en el borrador, que se compromete a un mayor control del proceso y a instar a la Diputación de Guipúzcoa a «ponerse las pilas».