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En la víspera del decisivo consejo rector de hoy, el enredo en torno al Teatro Barakaldo escribió ayer su enésimo capítulo. El PP dio a conocer que un informe del director gerente de la sala, Gonzalo Centeno, se muestra contrario a que el Ayuntamiento pague las horas extras de los empleados del recinto. No es un desencuentro cualquiera. Según el estudio, la decisión municipal de abonar alrededor de 60.000 euros a los trabajadores «no se ajusta a derecho, ni a los intereses» del equipamiento cultural. Centeno considera, en este sentido, que la empresa encargada del servicio -Ideas y Medios S.L.- debe afrontar el gasto en cumplimiento del pliego de condiciones administrativas firmado en diciembre de 2006.

El polémico documento fue redactado el mismo día en que el consejo de administración acordaba pagar el dinero. Y, en medio de las críticas de la oposición por las deudas del complejo, deja al descubierto las diferencias entre el responsable del teatro y el Consistorio. Fuentes del equipo de gobierno socialista, de hecho, negaron ayer que se haya cometido ilegalidad alguna. Dicen que «la persona encargada de interpretar la ley es el secretario de la entidad gestora» y el jurista no ha puesto pega alguna a la decisión del órgano rector.

Aquella medida generó un amplio debate entre los diez consejeros de la sociedad. Sólo los cuatro representantes del PSE apoyaron la iniciativa, pero la abstención de otros grupos -como el PP- propició que saliera adelante. El Partido Popular abogó por respetar los pliegos acordados con la empresa adjudicataria previo pago de 539.000 euros. Y, al igual que Centeno, entiende que el contrato deja en manos de la compañía el pago de horas extraordinarias.

La portavoz popular, Amaya Fernández, se basó en uno de los artículos de los pliegos para defender su postura. «La empresa adjudicataria establecerá en el futuro las condiciones laborales de la plantilla que presente sus servicios con plena autonomía y capacidad», recoge el texto. Fernández advirtió asimismo que la decisión del consejo dañará aún más las «maltrechas» arcas del Teatro Barakaldo. La edil denunció por último que los socialistas habían denegado la solicitud de reunión de la Junta General de la sala al considerar «ilegal» uno de los estatutos de la entidad. «Es una maniobra para amordazar el debate», censuró.