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Hace ya dos años que el tripartito que sustenta al Gobierno vasco y el PSE alcanzaron el acuerdo para dotar a Euskadi de una renovada Ley de Aguas que pretendía cambiar de forma radical la visión y la gestión de los recursos hídricos de la comunidad, que siempre hay que presumir limitados aunque los embalses, como este año, estén a rebosar. Dentro de su articulado, una iniciativa atrajo pronto la atención de la opinión pública: la creación del llamado "canon del agua", un gravamen «ecológico» de seis céntimos de euro por cada mil litros de consumo. El mensaje era claro: penalizar el despilfarro y concienciar, a través del bolsillo, de que el agua es un bien a administrar con tiento.

La Ley de Aguas se aprobó, pero el canon sigue en el limbo. Y aún es una incógnita cuándo llegará a aplicarse, a quiénes afectará y qué repercusión económica tendrá -en forma de ingresos "extra"- para las arcas públicas. Dos años después de sancionarse el proyecto legislativo, el decreto que lo regula sigue sin ver la luz. El Ejecutivo cuenta ahora con aplicarlo a partir de enero de 2009, con un año de retraso respecto a lo anunciado, pero los obstáculos surgidos en su tramitación no permiten asegurar que será así. La última iniciativa contra el gravamen llegará al Parlamento en breve de la mano del PP, que pedirá una moratoria de al menos cinco años en su aplicación. Exactamente lo mismo, por sorprendente que parezca, que lo que los propios partidos del tripartito y los socialistas han apoyado hace apenas quince días en las Juntas Generales alavesas.

La creación del canon está siendo un camino tortuoso. El PP lo recurrió de entrada ante los tribunales; los agricultores y ganaderos -los principales perjudicados como «grandes consumidores»- le han declarado la "guerra" y, para colmo, como se ha visto en Álava, ha conseguido provocar desavenencias internas en los mismos partidos que pactaron su nacimiento.

Y todo ello sin contar con la dificultad práctica que supone su propia aplicación, «que requiere controlar lo que gastan algunos sectores, como el agrícola, donde no siempre pasa el agua por contadores», afirma la parlamentaria popular María del Carmen López de Ocáriz. Un enrevesado escenario, en definitiva, en el que el canon parece hacer aguas.

Como asunto de interés para la opinión pública, el gravamen ecológico perdió fuerza cuando el Ejecutivo anunció, el pasado otoño, que no sería de aplicación de momento a los consumos domésticos, a quienes se pensaba penalizar cuando su gasto fuera superior a 130 litros por persona y día, la media de consumo en la comunidad en 2006. Tomada esta decisión, por tanto, entre en vigor o no el próximo enero, el millón de hogares existentes en Euskadi no deberá abonar los seis céntimos por metro cúbico fijados como canon ecológico, una cantidad que, según los datos del Gobierno iba a significar un incremento de apenas 2,8 euros en cada factura.

«En el momento de tramitar el decreto -explicaron fuentes de Medio Ambiente- el consumo medio de los hogares ya estaba por debajo de los 130 litros por persona y día, así que se consideró innecesario. Lo iban a pagar muy pocos y podría ocurrir que los ingresos por el canon fueran al final inferiores a lo que nos hemos gastado en recaudarlo», argumentaron. La Agencia Vasca de Agua, el ente aglutinador de las competencias hídricas creado por la misma ley de junio de 2006, se reservó con todo la posibilidad de aplicar el canon a los hogares si la tendencia cambiara en el futuro.

El organismo que dirige Tomás Epalza ha visto con «sorpresa» la resolución adoptada por los partidos en Álava, donde se pide una moratoria de «al menos cinco años» para «dar respuesta a las peticiones del sector primario alavés». En este territorio, agricultores y ganaderos han hecho fuerza a través de sus organizaciones sindicales, que consideran el gravamen «injusto», «insolidario» y un peso más sobre la espalda de un sector en permanente crisis.

La Agencia Vasca del Agua discrepa de los escenarios catastrofistas planteados por los agricultores y no entiende la moratoria demandada desde Álava. «Hemos creado un canon innovador, ecológico, pionero, un instrumento que servirá para equilibrar y con el que nos anticipamos a lo que la Unión Europea nos está pidiendo ya», indicó Epalza a este diario. «Las explotaciones agrícolas y ganaderos tendrán bonificaciones del 95% del gravamen si adoptan medidas de ahorro de agua», recordó. «Al final, estamos hablando de media peseta por cada mil litros de agua. ¿Les llevará eso a la ruina?».