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Las carreteras vizcaínas ya cuentan con un diagnóstico detallado, trazado a pie de asfalto, de los puntos que suponen mayor riesgo para los motoristas. El segundo paso, el tratamiento, recibirá un impulso definitivo esta primavera. La Diputación se ha comprometido a presentar en las Juntas Generales un plan de actuación que combinará la renovación de los guardarraíles con otras medidas de seguridad vial para los vehículos de dos ruedas. De esta forma cumplirá el mandato de los grupos políticos, que ayer aprobaron por unanimidad una propuesta de adecuación de los quitamiedos.

En un gesto poco habitual en la Cámara, el PP y el PNV presentaron de forma conjunta esta iniciativa, que fija un plazo de cuatro meses para presentar un estudio de necesidades y un plan de actuación. El diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo, ha explicado que el informe está ya "bastante maduro" y podrá adelantarse a "marzo o abril". En realidad, se llevarán a las Juntas tres documentos que sentarán las bases de la política de esta legislatura en materia de seguridad vial. Uno de ellos es un mapa actualizado de puntos negros para todo tipo de vehículos y para peatones. Los otros dos abordan de forma específica las necesidades de motos y bicicletas.

Señalización

La sustitución de las "cuchillas" de los guardarraíles por otro tipo de barreras es la principal reivindicación de los pilotos. "Aunque se diseñaron como un sistema de protección, se pueden convertir en trampas mortales debido al efecto guillotina", ha recordado el apoderado del PP Jesús Isasi. En Vizcaya, la instalación de vallas con doble bionda, consideradas más seguras, comenzó en 2006. Hasta ahora se han colocado más de 13 kilómetros, entre tramos renovados y carreteras de nueva construcción, como el corredor del Cadagua, a las que se incorporan de forma automática. No se cambian todas las barreras sino los puntos de más riesgo, sobre todo las curvas, según los criterios técnicos del Ministerio de Fomento.

El Departamento de Obras Públicas ya se ha comprometido a invertir 500.000 euros al año en la renovación de guardarraíles, sin contar las biondas que se instalan cuando hay que sustituir algún tramo debido a un accidente. El nuevo informe deberá marcar prioridades y concretar un calendario para esta legislatura. Un trabajo paralelo recogerá otro tipo de actuaciones para corregir deficiencias como las que ha detectado la agrupación Motozerrak. Ellos han contabilizado hasta 370, tales como baches, grietas, fallos de señalización o firmes deslizantes. La Diputación "tendrá en cuenta su criterio" y el de expertos en seguridad vial para hacer sus propios cálculos.

El pleno de las Juntas Generales ha aprobado también por unanimidad una propuesta dedicada a los "sufridores" de la A-8. Hasta ahora, todos los debates sobre propuestas para tratar de paliar los atascos, desde carriles reversibles hasta paneles que alerten al conductor, se estrellaban contra un problema de competencias, ya que la gestión del tráfico corresponde al Gobierno vasco. Ayer se ha decidido, a instancias del PP, exigir al Departamento de Interior que analice en profundidad este problema que tantas pérdidas causa en tiempo y dinero "y adopte las medidas necesarias para mejorar el tráfico en la A-8". Un llamamiento que se trasladará al Parlamento vasco y en el que los socialistas pidieron "una fuerte implicación" del diputado general.