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TCSA y su comité de empresa abrieron ayer la puerta al desbloqueo del conflicto laboral que, en los últimos dos meses, no ha hecho más que encarnizarse. El Departamento de Trabajo del Gobierno vasco citó a ambas partes para escuchar sus posturas y determinar si procedía decretar un laudo de obligado cumplimiento que determinara cómo debe ser el nuevo convenio colectivo de los trabajadores y acabara con las huelgas. El Ejecutivo no llegó a ese extremo y prefirió una opción intermedia que agradara a todos los implicados. Propuso establecer un mediador que participe en las futuras reuniones entre TCSA y los sindicatos e intente acercar sus posturas, ahora irreconciliables. No se trata de un arbitraje, porque el mediador no hará ninguna propuesta de convenio. Sólo será el tercer invitado a la negociación, encargado de buscar vías de diálogo.

La empresa y el comité aceptaron la propuesta del Gobierno vasco, aunque no satisfizo por completo a ninguno de los dos. TCSA sigue opinando que "hubiera sido mejor un arbitraje y un laudo de obligado cumplimiento porque eso pondría fin a las huelgas" y resaltó la voluntad de la empresa por desbloquear el conflicto, "porque hemos aceptado ir a la mediación, pese a que los paros parciales van a continuar". De todos modos, TCSA ve en esta mediación "un primer paso para que el Gobierno vasco vea cómo están las cosas, que no es posible un acuerdo y que se cumplen las condiciones para decretar un laudo". Estas premisas son la existencia de posturas enquistadas, destrucción de bienes de la empresa y daños económicos a terceros no involucrados en el conflicto laboral.

Por su parte, el comité de empresa considera insuficientes los integrantes del nuevo equipo negociador. Solicitaron que, junto a TCSA, los sindicatos y el mediador, estuvieran presentes el Ayuntamiento, la Diputación y Veolia, la compañía de transportes que asumirá la gestión de Bilbobus a partir del 1 de agosto. TCSA rechazó esta posibilidad. En los próximos días, la consejería de Trabajo convocará a las dos partes en liza a una nueva reunión para establecer de forma definitiva la mediación y fuentes del Ejecutivo insistieron en que, por el momento, "ni se plantea" la opción de un arbitraje obligatorio.

A la reunión de ayer acudieron, junto a los miembros del comité de empresa y a dirigentes de TCSA, representantes de la Diputación y del Ayuntamiento, a pesar de que ambas instituciones han insistido en no intervenir en el asunto desde hace semanas. El Consistorio no quiso pronunciarse sobre el motivo de su presencia en la reunión, y fuentes de la institución foral sólo detallaron que acudieron al encuentro "porque se había solicitado nuestra presencia". Sin embargo, otras fuentes apuntaron que la razón de que estas instituciones fuesen citadas es que en la reunión también se debatió sobre los servicios mínimos que deberán decretarse para los paros de 24 horas de los días previstos para los próximos 4, 5 y 6 de julio porque el Ayuntamiento y la Diputación son responsables de determinar cómo organizar las circulaciones obligatorias que decrete el Ejecutivo.

El encuentro transcurrió en el marco de la tercera jornada de paro total en el servicio de Bilbobus y 37 líneas de Bizkaibus. El día comenzó con una concentración frente a las oficinas de TCSA en Deusto y una manifestación por el centro de Bilbao que culminó frente a los juzgados de Berrueta Aldamar, donde se celebró el juicio entre la empresa y los sindicatos. Más de dos centenares de trabajadores se movilizaron "por un convenio digno".

En lo que al servicio de autobús se refiere, el día arrancó sin los incidentes de anteriores jornadas en las cocheras de la flota. Sin embargo, con los autobuses ya en ruta, nueve unidades de Bizkaibus fueron saboteadas. Les desinflaron las ruedas y rompieron algunas lunas, por lo que varios servicios mínimos de la margen izquierda y de la Universidad del País Vasco se vieron interrumpidos hasta la reparación de los vehículos.