Noticias Ya.com

Pueden llegar a vivir un auténtico calvario durante años. A menudo, su primer paso para salir de la pesadilla en la que están inmersas consiste en ponerse en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento, bien en persona, o a través de una llamada de teléfono. 290 mujeres maltratadas acudieron el último año al Departamento municipal de Intervención Social, lo que supone un incremento del 13 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Y es que la lacra de la violencia doméstica, lejos de desaparecer de Vitoria, continúa imparable. Así lo refleja la memoria de este servicio.

Uno de los datos más significativos del informe es que aunque la violencia de género afecta a todas las clases sociales, los maltratadores se ceban especialmente con las mujeres sin formación. De hecho, tres de cada cuatro víctimas atendidas por los servicios municipales crecían del graduado escolar.

Una realidad personal que se convierte muchas veces en una auténtica barrera que les impide rehacer su vida con normalidad tras lograr vencer el miedo, plantar cara a su agresor y lanzarse a comenzar una nueva etapa vital.

Por ello, parte de los esfuerzos del departamento de Intervención Social están dirigidos a formar a las mujeres. El objetivo es claro: dotarlas de la mayor autonomía económica lo antes posible para evitar que vuelvan a los brazos de sus verdugos.

La tarea no es fácil. Y es que, tras un periodo de convivencia con la violencia, que en algunos casos puede ser de varios años, su autoestima está por los suelos. "Yo no salía de casa, ni me relacionaba con los demás. Mi marido ni siquiera me dejaba trabajar", explica Judith, seudónimo bajo el que se oculta una vecina de Vitoria de 36 años, que vivió un infierno de vejaciones físicas y psicológicas hasta que, por fin, la Justicia tomó cartas en el asunto y dictó una orden de alejamiento contra su cónyuge.

Por ello, los trabajadores de los servicios sociales de base, que atienden a los ciudadanos en los centros cívicos y suelen ser el primer nexo de unión entre la víctima y la Administración, están preparados para asistir a las mujeres maltratadas con comprensión y sin cuestionar absolutamente nada. "Es una actitud necesaria para procurarles una sensación de seguridad y confianza", detalla Silvia Pardes, técnica del departamento de Intervención Social que coordina un equipo de asistentes sociales, psicólogos y educadores especializado en violencia machista.

Aun así, hay mujeres que no se atreven a plantear directamente sus problemas a un funcionario. Para ellas, se puso en marcha hace cinco años el teléfono 900 701 700, una línea atendida las 24 horas y que para muchas sirve de primer paso para hacerse "su propia composición de su situación y tomar una decisión". La central de llamadas atendió a 210 personas en 2007.

En contra de la opinión generalizada, el documento revela que la mayoría de las víctimas -con una edad media de 39 años- son mujeres nacidas en España. Pese a ello, el porcentaje de inmigrantes maltratadas supone ya el 40 por ciento de todo el colectivo. El incremento de estos últimos casos se puede explicar "al menos en parte" por la propia evolución de la estructura demográfica de Vitoria, en la que el 8,4 por ciento de los vecinos han nacido más allá de las fronteras españolas.

Las latinoamericanas componen el grupo más numeroso de mujeres que se acerca al Ayuntamiento en busca de ayuda tras un episodio de malos tratos o agresión sexual (25 por ciento). Sin embargo, el informe de Intervención Social destaca una "aumento significativo" de víctimas africanas. Los expertos atribuyen este incremento de casos a una mayor integración de este colectivo en la sociedad alavesa.

Para Fede García, de Sos Racismo, las mujeres de países musulmanes y subsaharianos lo tienen "doblemente" difícil para pedir ayuda. Y es que provienen de culturas en las que no están en una teórica igualdad con los hombres como sucede en occidente. Brecha cultural que han de vencer y que se une a su frecuente situación de irregularidad administrativa.

"Suelen desconfiar de la administración en general porque no distinguen entre el Ayuntamiento, la Justicia o la Policía", explica García. Es ahí donde las ONG juegan un papel esencial para para encaminarlas hacia los servicios sociales.