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Indignada con el comportamiento del Ayuntamiento de Arrazua Ubarrundia. Así se encuentra la directora del colectivo gitano Gao-Lacho Drom, Julia Chávarri. Según denuncia, el Consistorio de este municipio le ha requerido para que derribe dos edificios ubicados en una finca de su propiedad en el pueblo de Luko por utilizarlos para dar cobijo a personas que se encontraban "tiradas en la calle".

En diciembre, Chávarri alojó en estos inmuebles y una caravana que guardaba en la parcela a una familia de rumanos compuesta por dos adultos y cinco niños. Quiso, además, que se empadronasen en el municipio para lo que acudieron a las oficinas municipales. Para su sorpresa, en un principio, se lo negaron. "Tuvimos que acudir al Ararteko y gracias a sus presiones logramos que los admitiesen", asegura. Eso sí, se les empadronó con la dirección "del despacho de la trabajadora social".

Poco después, la directora Gao-Lacho Drom recibió un requerimiento para que echase abajo las edificaciones -una casa de una planta de 92 metros cuadrados, que usa como almacén, y una añadido de 32- por "carecer de luz, agua y estar construidas en suelo no urbano".

Chávarri, que compró la propiedad hace dos años, se queja de que durante 43 años el Ayuntamiento no había tomado medida alguna. "Los anteriores propietarios solían dormir aquí en verano y tenían animales, ya que sí tenemos agua y un generador eléctrico", explica. En su opinión, lo que ocurre es que el Consistorio ha reaccionado de una manera "brutalmente racista". "Incluso me han puesto una multa de 600 euros para forzarme al derribo", critica. El alcalde de Arrazua Ubarrundia, Rufino Sáez de Ibarra, niega sin embargo las acusaciones de xenofobia.

"Son dos chabolas que sólo tienen autorización para su uso como almacén de aperos de labranza", detalla. En este sentido, indicó que tan sólo se le ha pedido a Chávarri que no utilice las edificaciones como vivienda, ya que "carecen de las condiciones de habitabilidad necesarias".

El regidor reconoció, eso sí, que la familia de rumanos está empadronada con la dirección de las oficinas municipales. En esto momentos, el Ayuntamiento desconoce del paradero de este grupo de personas. Chávarri explicó que finalmente cedió su caravana a la familia que ha abandonado el pueblo. Ahora viven en la roulotte en el asentamiento de rumanos de Aguirrelanda, en Vitoria.

Para la directora de Gao-Lacho Drom, este caso que ha vivido en primera persona, vuelve a demostrar que "no se respetan los derechos de las minorías culturales". De hecho, el Ararteko ya señaló en su memoria de 2007, los problemas que encuentran los gitanos para empadronarse en Euskadi, recuerda Chávarri.