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La Diputación alavesa ha abierto un expediente sancionador a una empresa por el derribo "ilegal" de un edificio ubicado en el número 5 de la calle Santa María del Casco Viejo en el que pretende habilitar ocho viviendas. La institución foral ha tomado cartas en el asunto al dar por hecho que la constructora demolió "sin autorización" un bloque para el que sólo tenía licencia de rehabilitación. Esta actuación ha provocado "un daño patrimonial irreversible", porque las máquinas han dado al traste con un inmueble que estaba catalogado como bien cultural.

La casa, aún a medio levantar, está situada frente al polideportivo de El Campillo, en pleno corazón del Casco Medieval. El inicio de su construcción, a comienzos del año pasado, provocó la airada reacción de los vecinos que viven a ambos lados del bloque. Los residentes han reclamado durante varios meses a las instituciones que actuaran al considerar que la empresa estaba ejecutando unas obras "clandestinas".

La polémica comenzó poco después de que la firma Proyecto 1983 lograra sendas autorizaciones de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria para "rehabilitar" el inmueble a principios de 2007. Una vez comenzadas las obras, los residentes de los portales 3 y 7 mostraron su sorpresa al comprobar que en mayo los operarios "empezaron a tirar" el edificio. De inmediato, alertaron al Ayuntamiento de sus sospechas. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los denunciantes llegaron a enviar hasta siete escritos y más de 180 fotografías al Consistorio en apenas un mes. A juicio de los residentes, la constructora realizaba la demolición "sin tomar medidas de seguridad", hasta el punto que una viga llegó a atravesar un muro y a provocar un gran agujero en una vivienda. Poco después de acceder al cargo, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, visitó la zona y, días después, se reunió con los afectados junto a técnicos de la Agencia de Renovación Urbana.

Los residentes no obtuvieron "resultados a corto plazo", así que recurrieron a la Diputación. El 16 de julio, la ex diputada popular en funciones de Urbanismo y Medio Ambiente, la popular Marta Alaña, firmó una orden foral en la que confirmaba que la demolición del edificio de la calle Santa María había provocado "un daño irreversible", ya que contaba con una protección básica. De hecho, un informe del Servicio de Patrimonio Histórico detallaba que el inmueble era "un bien cultural con la categoría de conjunto monumental", dada su ubicación en el Casco Viejo. Alaña instó a la empresa "a reponer" el daño y adelantó de la posible apertura de un expediente sancionador.

El 7 de noviembre, y ya con el Gabinete Agirre en el Gobierno foral, la diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle, firmó la orden de "suspensión" de las obras en base a un informe del por entonces jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Juan Ignacio Lasagabaster, que calificaba el derribo de "ilegal" y exigía que la estructura del bloque se reconstruyera con vigas "de madera", y no con elementos metálicos.

Poco después, el día 30 de noviembre, la diputada levantaba la paralización de la obra "para que se levantara sólo la estructura y la cubierta de la casa", matizaron ayer fuentes forales. Ésa es, precisamente, la imagen que ofrece en estos momentos el inmueble, que dispone de planta baja y cuatro alturas.

Los vecinos han entregado un documento al Consistorio en el que calificaron las obras de "clandestinas" y lamentaron que el Ayuntamiento "las haya tolerado". Las familias han contratado a un abogado.