Noticias Ya.com

Los afectados por los derribos de las casas declaradas ilegales en Cantabria no se creen la tortura que están viviendo. A pesar de que se suspenden de manera cautelar las sentencias que condenan sus casas a la piqueta, de que el Parlamento regional exija soluciones, de que el Defensor del Pueblo haya propuesto tres alternativas y de que incluso el Tribunal Superior de Justicia urja a las instituciones daños morales, el Gobierno de la comunidad les "da la espalda". Hace meses que era público que su marcha de protesta finalizará hoy frente a la sede del Parlamento cántabro en Santander y el Ejecutivo no les va a recibir. Ha elegido este fin de semana para visitar la Expo de Zaragoza.

"Tienen mala conciencia y por eso han puesto cualquier excusa para no estar presentes", protestó ayer el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela. A su juicio, el órgano que tiene la competencia para dar el carpetazo a la angustia que les atormenta desde hace 15 años "es el que más problemas nos está creando porque no aporta solución". "Jamás habríamos esperado una respuesta tan negativa de esta institución a una situación que afecta gravemente a más de mil familias", lamentó.

Vilela participa junto a cerca de 400 personas, muchas de ellas vizcaínas, en la marcha a pie de 40 kilómetros que iniciaron ayer en Argoños. Es el cuarto año que celebran este acto de protesta para salvar sus viviendas. Y el apoyo ciudadano que están recibiendo en esta ocasión les hace percibir un cambio de actitud en la sociedad. "Antes éramos bichos raros y ahora todo el mundo nos aplaude por nuestra lucha", remarcó el representante popular.

AMA confía en que esta concienciación se traslade pronto a las instituciones. "Cuando compramos las casas eran legales, ellas las ilegalizaron y eso se llama estafa institucional", denunció.