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La "Supersur" acaba de terminar su recorrido por la Ley de Expropiación Forzosa, el instrumento que utiliza la Diputación para agilizar los trámites de una obra que considera «inaplazable». Dos centenares de propietarios afectados por los dos últimos tramos de la autopista, que enlazan Santurtzi y Trapagaran, asistieron la semana pasada al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos. El trazado completo, que abarca desde Ortuella hasta el barrio bilbaíno de Buia, obligará a expropiar más de un millón de metros cuadrados de terreno y 35 edificios, en los que hay 58 viviendas.

El proceso se ha llevado a cabo por fases, como todas las actuaciones relacionadas con este proyecto. A finales de 2006, la Diputación solicitó al Gobierno vasco la declaración de urgencia para agilizar la ocupación de los terrenos y cumplir el ajustado calendario que se había marcado. Los tramos que empezaron a construirse en la primavera de 2007, los que incluyen túneles, plantean importantes desafíos desde el punto de vista técnico, pero a menudo son los menos conflictivos en la negociación con los propietarios. En muchos casos la expropiación se sustituye por la ocupación temporal o la servidumbre de paso.

Aun así, en un proyecto de esta envergadura las cifras imponen. El trazado entre Trapagaran y Buia, que discurre en gran parte bajo tierra, se ha llevado por delante 930.718 metros cuadrados de terreno, según datos facilitados por el Departamento de Obras Públicas. A esto se suman 411.425 metros de ocupación temporal y 152.834 de servidumbres. Los grandes datos se desmenuzan en 350 expedientes, de los que 250 corresponden a propietarios y el resto, a arrendatarios y precaristas.

Bilbao es el municipio que ha cedido más suelo a la "Supersur", 461.000 metros cuadrados, seguido de Barakaldo (347.369) y Trapagaran (119.460). La mayor parte de los afectados son particulares, aunque también hay 28 sociedades de las que ocho son de titularidad pública, entre ellas varios ayuntamientos, el Consorcio de Aguas y la propia Diputación, a través de la empresa Bizkailur.

Apenas el 1% del suelo -se localiza en Bilbao y Trapagaran- es urbano o urbanizable. Esto ha reducido en buena medida la conflictividad del proceso, que costará 11,5 millones de euros a las arcas públicas. Entre 2007 y 2008 ya se han hecho efectivos 9,6 millones. El 5% de los expedientes han sido resueltos por el Jurado de Expropiación Forzosa ante la falta de acuerdo entre la Diputación y los propietarios. El justiprecio no siempre pone fin al conflicto, ya que casi la mitad de estos casos, seis en total, han acabado en los tribunales.

Los datos no están cerrados porque faltan los de los tramos a cielo abierto, menos espectaculares en sus hitos técnicos pero probablemente más conflictivos. En total sumarán 186.282 metros cuadrados a las expropiaciones -hasta completar 1.117.000- y tendrán mayor impacto en los derribos. Si en el trazado con obras subterráneas se han demolido 13 viviendas, en el resto de la autopista serán 45. La mayor parte -16 edificios donde viven 30 familias- se concentran en los enlaces entre Ortuella y Portugalete y Santurtzi y Portugalete. Este último y el tramo Portugalete-Trapagaran, donde está previsto derribar otras quince viviendas, son los únicos que todavía no están en obras.

La Diputación espera completar el proceso con un coste total de 20 millones de euros. A las familias que tienen que cambiar de casa se les ofrecen distintas opciones: indemnizaciones, realojos o reservas en las promociones de pisos impulsadas por la institución foral.