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Tras "comprobar una y otra vez" que el Gobierno de Cantabria "nos da la espalda", una representación de las más de 1.000 familias afectadas por sentencias de derribo acudirán al Parlamento Europeo en busca de "soluciones". Después de años de reuniones, manifestaciones y peticiones "sin resultados", estiman que el "ámbito regional está agotado". Pese a ello, han decidido conceder un margen de confianza de "seis meses" al Ejecutivo regional para que mueva ficha.

Esta iniciativa fue aprobada ayer durante el encuentro que mantuvieron los cientos de miembros que participaron en la IV Marcha de protesta entre Argoños y Santander. Unas 800 personas acudieron a la llamada de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para recorrer 42 kilómetros a pie con destino a la sede del Gobierno cántabro, donde esperaban que algún representante regional les recibiera. Sin embargo, nadie lo hizo, ya que al parecer habían ido a visitar la Expo de Zaragoza.

El presidente de AMA, Antonio Vilela, aseguró que el colectivo ya ha empezado a gestionar los billetes de avión a Bruselas y que sus representantes tienen pensado reunirse con el eurodiputado Carlos Iturgaiz para "pedirle consejo sobre los pasos que debemos dar". Después concertarán una cita con el comisario europeo de Urbanismo para explicarle la situación que viven estas familias cántabras y vizcaínas desde hace ya "demasiados" años.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria concedió hace dos meses el indulto temporal a tres promociones hasta que el Gobierno regional explicara qué planes alternativos tenía para los afectados. El Ejecutivo se hizo esperar y los jueces levantaron la suspensión. Al final, los responsables regionales perfilaron posibles medidas para normalizar algunos casos, pero proclamaron que no podían dictar leyes para impedir la ejecución de las demoliciones porque sería "inconstitucional".