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El Parlamento vasco exigió ayer la puesta en libertad de la mesa nacional de Batasuna y la desaparición de la Audiencia Nacional, además de mostrar su total oposición a cualquier proceso de ilegalización que deje fuera del sistema a partidos como ANV y EHAK. La propuesta, que supone un nuevo órdago al Gobierno y al sistema de Justicia, salió adelante gracias a la suma de fuerzas del tripartito -compuesto por PNV, EA y EB-, de Aralar y de los propios comunistas de las tierras vascas. Socialistas y populares se posicionaron en contra.

La resolución se convirtió en una respuesta de la Cámara de Vitoria a la detención de 23 mahaikides -diecisiete siguen en prisión acusados de pertenencia a banda armada- el 5 de octubre en la localidad guipuzcoana de Segura. La operación, realizada por la Policía Nacional y respaldada por el juez Baltasar Garzón, frustró que la coalición ilegalizada eligiera una nueva dirección. Entre los encarcelados figuran representantes como Joseba Permach, Rufi Etxeberria y Juan Joxe Petrikorena.

La iniciativa abordada ayer por los parlamentarios partió del grupo de EHAK, que presentó una proposición no de ley en la que calificaba la redada de "crudo exponente del conflicto" y censuraba la "conculcación multilateral de los derechos civiles y políticos" que, a su juicio, ha supuesto. "La Audiencia Nacional, Garzón y el PSOE han iniciado una campaña contra los independentistas vascos", argumentó en el estrado la portavoz de este grupo, Nekane Erauskin.

La propuesta también incidía en el hecho de que los agentes hubieran inspeccionado la sede de EHAK-PCTV en San Sebastián y requisado parte de su material, algo que tildó de "inaceptable". El duro texto fue rechazado con los votos en contra de PSE y PP, que defendieron la legalidad de la actuación judicial, y con la abstención del tripartito en bloque y Aralar.

Las formaciones que sustentan a Ibarretxe y el partido de Patxi Zabaleta presentaron como alternativa una enmienda de cinco puntos en la que, con un discurso mucho menos agresivo, mantenían las mismas reivindicaciones. Entre ellas, y sin citar expresamente a Batasuna, reclamaban la libertad para "aquellas personas que en el ejercicio de derechos básicos como el de reunión han sido detenidas y encarceladas", en alusión a la redada de Segura.

En la misma línea, coincidía con EHAK en instar la supresión de la Audiencia Nacional "por no hacer efectivas las garantías procesadas" y en condenar que la Policía inspeccionara las oficinas de esa formación, al entender que supuso una "vulneración de la inviolabilidad parlamentaria" y del "fuero" de los diputados vascos.