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Dos semanas después del incendio provocado en el centro de Arcentales, los 22 menores inmigrantes que se alojaron provisionalmente en el albergue de Güeñes han vuelto a las instalaciones. La Fiscalía de Menores ha comprobado sobre el terreno las obras de remodelación para reparar los destrozos. Mientras tanto, la Diputación prepara nuevos recursos para atender a este colectivo, tanto en Vizcaya como en su país de origen. «No vamos a llegar a todos, es imposible», advierte el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. «Llegaremos hasta donde podamos».

Los inmigrantes -ahora hay 339- suponen ya el 80% del total de los varones adolescentes que viven en residencias forales. Algo «que escapa a toda lógica», según Aburto. Ayer anunció en las Juntas Generales que se abrirán nuevos centros con criterios de «prudencia» y «austeridad». Los de Arcentales y Artxanda, concebidos como alojamientos de emergencia, están «llenos pero no hay hacinamiento», dijo, en respuesta a las críticas sindicales.

«Hay literas, taquillas, lugares para el esparcimiento y servicios comunes», describió. Ambos incorporarán centros de iniciación profesional, aunque sin la atención personalizada que se ofrece en otros servicios, donde los chicos están escolarizados. Los de Artxanda y Arcentales, 89 en total, no van a clase. Son mayores de 16 años que no encuentran sitio en la red de hogares estables y que «por su edad o por sus características» tienen más difícil la integración.

La Diputación va a abrir tres nuevas unidades semiautónomas, para los chavales con mejor comportamiento, e impulsará el acogimiento familiar de menores magrebíes. Su intervención se va a extender a Marruecos, para combatir la «inmigración infantil clandestina». Vienen chicos cada vez más jóvenes «y de zonas muy concretas», en comarcas rurales. Allí se desarrollarán campañas de concienciación y se abrirá un centro «que les ayude a salir de la pobreza con herramientas educativas», tal como aprobaron las Juntas a propuesta del PP.

Al mismo tiempo, se van a reforzar con 24 plazas los pisos de emancipación para los que cumplen 18 años. El comité de empresa reiteró ayer sus críticas a la «privatización» de los centros de inmigrantes, algo que Aburto rechazó de plano. Según dijo, «no hay empresas privadas» al frente de estos recursos, sino «asociaciones sin ánimo de lucro» como los Terciarios Capuchinos, cuya labor en Loiu reconoció de forma especial. El coste de la atención es de 120 euros al día y funciona «igual» que en los centros de gestión pública. Los menores extranjeros no conforman una «foto fija» -el año pasado llegaron 450- y «nosotros no podemos hacer más», concluyó. «Como mucho podemos empatar, pero no ganar».