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El Ayuntamiento de Ibarrangelu ha legalizado la situación de los apartamentos de Laida, tras más de treinta años de litigio, y ha encargado un estudio geotécnico para determinar si es factible la demolición de dos alturas de hormigón que se emplean como garajes. Con su derribo, el Consistorio pretende acatar parcialmente una sentencia del Tribunal Supremo, que en 1979 condenó a seis años de inhabilitación a dos ex-alcaldes por permitir la construcción de las viviendas junto a la playa sin exigir al promotor las correcciones urbanísticas pertinentes.

El fallo dictaminó también la demolición "de lo edificado en exceso", además de anular las licencias de obras concedidas en su día. "Nuestra intención es acatar la resolución y restaurar la legalidad urbanística, pero proponemos tirar sólo dos plantas de la estructura de hormigón que quedó inacabada, porque el resto realiza una función de muro de contención de la ladera y su demolición podría afectar a las viviendas. El estudio que se realiza en la actualidad determinará si eso es realmente así", destacó el alcalde de Ibarrangelu, Jesús Mari Ziluaga.

Una vez regularizada la situación de los apartamentos y con el informe geotécnico en la mano, la jueza que instruye el caso valorará la propuesta del Consistorio y determinará la imposibilidad material o legal de ejecutar el veredicto. "Si la decisión municipal presenta una apariencia razonable cabría la posibilidad de ir a una ejecución sustitutoria por vía de la indemnización", recoge la sentencia.

La familia que denunció las irregularidades en su momento, sin embargo, se opone al planteamiento del Ayuntamiento debido a que "el fallo exige la demolición de muchos metros cuadrados más. Es una demanda que la inició nuestro abuelo hace más de treinta años y se le hizo caso omiso, ahora sus descendientes lucharemos por lo que creemos que es justo y que en su día no se hizo bien", explicaron.

Pese a la sentencia, los propietarios de las viviendas, que carecen de permiso de habitabilidad, procedieron hace unos meses a realizar reformas en unos domicilios en los que nunca se habían acometido mejoras y presentaban, en muchos casos, problemas de humedades y roturas de cornisas, entre otros contratiempos. Las obras arrancaron sin licencia municipal y el primer edil paralizó los trabajos, a través de un decreto de alcaldía. "Hasta que no se aclare su situación, la jueza no permite hacer nada", añadió Ziluaga.

El máximo mandatario ibarrangelutarra confía en que este caso se solucione "de una vez por todas y no se alargue más en el tiempo porque puede ser muy sangrante para un municipio como el nuestro. Solicitaremos ayudas a las instituciones porque el costo que supondrá acatar la sentencia no lo podemos asumir", destacó.