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La portavoz municipal y secretaria general del PSOE oriolano quiere abrir el melón y contar todo lo que sabe sobre supuestas irregularidades cometidas por el equipo de gobierno del Partido Popular. Aunque Antonia Moreno se propuso, tal y como ella misma afirmó ayer, dar un año de confianza a Mónica Lorente y los suyos una vez llegados al gobierno del Ayuntamiento, la concejal considera zanjado ese periodo a los nueve meses de gestación y se dispone a sacar a la luz cualquier tema que considere oportuno para empezar a hacer oposición. Moreno está decidida a empezar por el urbanismo y más en concreto, por la supuesta permisividad de los populares durante casi dos décadas que, según afirmó, ha supuesto la construcción de "30.000 casas ilegales según las cifras extraoficiales" en el término municipal. A su juicio, esa pasividad ha supuesto mucho beneficio económico a las arcas municipales por el cobro de las sanciones urbanísticas.

Antonia Moreno comentó que en los presupuestos de este mismo año se establece una previsión de ingresos por multas de este tipo que asciende a 2,4 millones de euros, y considera que "las casas ilegales han sido muy rentables para el Ayuntamiento de Orihuela", situación de la que culpa a "la falta de política urbanística del Partido Popular". La decisión de la concejal de iniciar su ofensiva en los asuntos urbanísticos llega después de que considere que durante dos años y medio haya soportado una "campaña de desprestigio personal y familiar dirigida desde el PP", primero por parte del ex edil Francisco García Ortuño, según ella, dirigido por Mónica Lorente, "y ahora que no tiene a ese ariete usa al PP para lanzar los ataques frontales contra mí y mi familia".

Por eso afirmó que hay miles de personas que debido a la falta de suelo urbano han tenido que construir fuera de ordenación entre las que ella no se cuenta ya que reiteró una y otra vez que no tiene en su propiedad ninguna casa construida de forma irregular. A modo de ejemplo puso la carretera de Arneva, el Camino Viejo de Callosa, los diseminados en la huerta, todas y cada una de las pedanías y, por supuesto, la costa. Moreno indicó que esas personas no son delincuentes, y le lanzó esta pregunta a los populares antes de añadir que "hay que ser cínico, porque en el PP hay concejales que gobiernan y que son dueños de casas ilegales".

El primero en ponerse en el punto de mira de Antonia Moreno fue Manuel Lorente, padre de la alcaldesa y ex concejal popular. "Tiene una casa ilegal en la Dehesa de Pinohermoso, cerca de Arneva". La portavoz del PSOE dijo que ella no juzga a Lorente "por tener una casa ilegal, lo que digo es que su hija era teniente de alcalde en ese momento -año 2004, cuando se le puso una multa urbanística de 6.000 euros-, estaba en la Junta de Gobierno, y la ahora alcaldesa era partícipe y cómplice de una situación que afecta a miles de oriolanos".

No obstante, Moreno fue a más y aseguró que el concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, "tiene un chalé ilegal en la Vereda Arroba El Revés de Lo Cabello, y es concejal de Urbanismo", e indicó que otros concejales tienen viviendas en esta situación como Ginés Sánchez, Eva Ortiz, José Antonio Aniorte o Antonio Rodríguez Murcia, al tiempo que incidió en que "yo no tengo ninguna casa ilegal ni conocimiento de que nadie de mi familia haya pagado una multa urbanística, aunque si así fuera, nadie es delincuente por tener una casa ilegal". Antonia Moreno consideró "curioso" que se le acuse de crispar "cuando estoy callada" y se refirió a que no ha querido hacer sangre contra ediles del PP en asuntos como el maltraído reglamento municipal y el supuesto plagio del texto de Baracaldo, "porque he hecho concesiones cuando un concejal metió la pata como le ocurrió a David Costa". La socialista aseguró que ella entiende la política "de otra manera" y emplazó a la alcaldesa a que sea en los plenos y en los organismos municipales donde se dediquen a hacer política y no en otros foros que, a su juicio, no son los más indicados.