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La escasa rentabilidad y beneficios son dos de las claves que explican la salida de once constructoras privadas de la empresa mixta que acomete el plan urbanístico del Cabanyal, con la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez como principal elemento de la inversión. La decisión se consumó ayer en el consejo de Cabanyal 2010, donde dichas sociedades pusieron sus acciones a disposición del Ayuntamiento y la Generalitat, con un precio estimado de 7,87 millones de euros.

Ahora, las dos administraciones se tomarán un tiempo para ver si aprueban la compra, aunque fuentes cercanas al gobierno municipal consideraron ayer que la única opción es desembolsar ese dinero, en un plazo de tres años, para repartirse a partes iguales el 45% de las acciones de la compañía mixta.

De este modo, se pondrá fin a una singladura de apenas tres años, donde la mayor parte de los trabajos de la empresa se han centrado en los expedientes de expropiación y los primeros derribos de inmuebles para la ejecución del plan, en especial la prolongación de la avenida y la apertura del bulevar San Pedro.

Fuentes conocedoras del proceso hablaron de un periodo mínimo de diez años y una inversión que rondará los 150 millones de euros. En el otro lado de la balanza se sitúa una edificabilidad limitada por un plan austero y con un uso exclusivo para viviendas de promoción pública.

Así las cosas, las obras de urbanización y los 1.600 pisos que se construirán en los solares que queden después de los derribos no son motivos suficientes para que las constructoras tengan capital inmovilizado en la sociedad mixta.

Así las cosas, las obras de urbanización y los 1.600 pisos que se construirán en los solares que queden después de los derribos no son motivos suficientes para que las constructoras tengan capital inmovilizado en la sociedad mixta.

¿Por qué entraron en la operación hace tres años las once constructoras? Las mismas fuentes indicaron que debieron ver oportunidad de negocio y estar en el meollo de uno de los programas urbanísticos más importantes de Valencia.

Beneficios pocos, eso está claro. Las escasas plusvalías logradas con la promoción de viviendas se destinarán íntegramente a la compra de más solares y el encargo de obra nueva, lo que deja muy poco margen a la rentabilidad de las acciones.

La crisis inmobiliaria ha sido un elemento añadido, aunque no determinante, que explica lo que pasó ayer en el consejo de Cabanyal 2010. Al término de esta reunión, el concejal socialista Vicente González Móstoles aseguró que la "pérdida de apoyos empresariales de la prolongación de Blasco Ibáñez evidencia la falta de consistencia del proyecto y su escasa viabilidad".

Por el contrario, fuentes cercanas al Consistorio sostuvieron una idea contraria: el abandono de las empresa privadas elimina de un plumazo las acusaciones continuas que ha padecido en los últimos años este proyecto, con la sonatina constante de que escondía un "pelotazo".

Por el contrario, afirman que la escasa edificabilidad, con edificios de cinco plantas a ambos lados de una avenida de 48 metros de anchura "define una propuesta que es todo lo contrario".

Desde el gobierno municipal indicaron a este periódico que la compra de las acciones se hará en tres plazos de otros tantos años. Eso sí, el control público se tomará desde el primer día, sin transiciones de ningún tipo. La empresa está ahora inmersa en el proceso de expropiación de edificios para la apertura del bulevar San Pedro, donde los vecinos ya han recibido las valoraciones de sus propiedades.

Desde el punto de vista judicial, el único fleco que falta por dilucidar es la última sentencia del Tribunal Supremo acerca de la suspensión de los derribos en la zona declarada Bien de Interés Cultural y afectada por la prolongación de la avenida.

El fallo se refiere a un recurso presentado por la Federación de Vecinos de Valencia, aunque uno similar de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal acabó siendo favorable al Ayuntamiento.

Mientras que en el gobierno municipal insisten en que el plan del Cabanyal no corre peligro y sigue su camino, el concejal socialista González Móstoles no lo tenía ayer tan claro cuando dijo en un comunicado que las nuevas "circunstancias del mercado y las dinámicas urbanas a nivel global han puesto de manifiesto la grave equivocación que supone la decisión municipal de continuar con esta operación".

"Ahora -prosigue- no sólo hay criterios de lógica urbana y patrimonial en contra de la operación, sino que el proyecto se ha visto desautorizado por los agentes privados en su dimensión económica"."Ahora -prosigue- no sólo hay criterios de lógica urbana y patrimonial en contra de la operación, sino que el proyecto se ha visto desautorizado por los agentes privados en su dimensión económica".