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El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, reconoció ayer que la situación que vive el centro penitenciario de Castellón es "límite", por lo que se ha previsto trasladar a otras cárceles a los dos presos que protagonizaron el motín en Picassent y que fueron llevados a la capital de La Plana tras el altercado.

Según los últimos datos del Ministerio de Interior, la cárcel de Castellón soporta una tasa de hacinamiento del 186 por ciento, lo que supone que la situación es aún peor que en Picassent, donde la tasa alcanza el 171 por ciento.

Pese a esta circunstancia, dos de los cuatro presos que protagonizaron el motín en la cárcel valenciana fueron trasladados a Castellón. La respuesta de los sindicatos de funcionarios no se hizo esperar. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-CSIF, se instó a Instituciones Penitenciarias a llevar a estos dos presos a otras instalaciones ya que la de Castellón "no reúne las condiciones de seguridad necesarias para la reclusión de este tipo de reos".

Frente a estas declaraciones, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, aseguró que el centro de Castellón "reúne todas las condiciones para albergar a estos presos". No obstante, Bernabé admitió que es cierto que existe una situación determinada en la que la capacidad de la prisión "está al límite", por lo que avanzó que "se han tomado medidas para que estos dos reclusos sean trasladados a otras prisiones en los próximos días o, posiblemente, en las próximas horas".

El delegado del Gobierno en la Comunitat hizo estas declaraciones tras participar ayer en los tres minutos de silencio convocados en la Subdelegación del Gobierno en Castellón en señal de repulsa por una nueva víctima de la violencia de género, ocurrida el 28 de noviembre en Barcelona.

Los sindicatos con representación en la prisión de Picassent - Acaip, CCOO, UGT, USO, APFP, CSI-CSIF- han convocado una protesta el próximo lunes a las 11.00 horas en el acceso al centro penitenciario por la situación "penosa" de sus condiciones de trabajo.

La convocatoria es la reacción de los trabajadores ante el secuestro de esta semana, en el que uno de sus compañeros resultó herido tras recibir varios golpes de uno de los reclusos.

Según explicó el delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), además de reclamar mayores medidas de seguridad, los trabajadores de Picassent pedirán la dimisión de la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de la dirección y que se "dé solución a todos los problemas" que sufren.

El responsable sindical señaló que hace tres años se produjo otro intento de secuestro en el módulo de primer grado y lograron que se instalara una cancela mecanizada en el patio.

El portavoz de la APFP insistió en que tres de los internos implicados en la retención de los funcionarios habían pasado al módulo de aislamiento de cumplimiento a raíz de la muerte de otro recluso el pasado 4 de noviembre, aunque no tenían relación con el crimen. El cuarto fue trasladado por una pelea que mantuvo en preventivos.

Para APFP, el departamento de la cárcel donde se produjo el incidente --en el que hay 28 reclusos "peligrosos" y tres funcionarios-- es "una ratonera" con una misma puerta para entrada y salida, y criticó que la Administración "no se gasta ni un duro para garantizar la seguridad".

Bernabé quiso felicitar el trabajo realizado por los funcionarios de prisiones de Picassent, pero manifestó que no era el momento de valorar "las reivindicaciones del colectivo", en relación a las movilizaciones. "Lo importante es destacar el trabajo y la profesionalidad que demostraron los funcionarios durante los incidentes, no es momento de entrar en estas reivindicaciones", dijo.