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Medio centenar de vecinos residentes en el barrio de la Plata y adjudicatarios de una vivienda social han recibido una carta del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) en la que se les informa de que se han detectado nuevas posesiones a su nombre en los diferentes registros de la propiedad de España. Por este motivo, se ha citado a los afectados para que expliquen la naturaleza de estos bienes o para que renuncien a las viviendas, devolviendo las llaves en un plazo de 15 días a contar desde la recepción de la misiva.

El motivo es que todos los afectados, según reza el documento, han incumplido la cláusula que establece que serán excluidos todos aquellos interesados en acceder a una vivienda de protección oficial que dispongan de otra casa. Fuentes del Instituto, que depende de la Conselleria de Territorio, explicaron ayer que esta condición, que tiene carácter previo, se mantiene durante todo el periodo de ocupación de la vivienda, así como durante la devolución del préstamo.

Las cartas han causado una gran alarma entre los vecinos del barrio, que ya han celebrado una reunión informativa sobre la cuestión. Tal y como explicaron desde la asociación vecinal, en la mayoría de los casos se trata de posesiones que se han adquirido a través de herencias, y que en muchos casos las propiedades detectadas son parcelas rústicas de escaso valor patrimonial.

Desde el Ivvsa explicaron que no se van a recuperar todas las viviendas, ya que se realizará un estudio detallado de cada uno de los casos. Se tendrá en cuenta, por ejemplo, la naturaleza del bien, su valor y su ubicación. "Se valorará individualmente la necesidad real del adjudicatario de emplear una vivienda social", matizaron las mismas fuentes.

La cláusula se ejecutará en aquellos casos más flagrantes, siempre que el valor de las propiedades dé a entender que la persona afectada cuenta con medios para encontrar otra vivienda. Por ejemplo, en aquellos casos en que las propiedades detectadas por el Ivvsa sean garajes o parcelas agrícolas, no se ejecutará la cláusula. Sí que se hará cuando el adjudicatario, con el paso del tiempo, se haya convertido en titular de varias viviendas.

"Hay que tener en cuenta que forman parte del parque de viviendas sociales destinadas a personas con necesidad", añadieron desde el Instituto. También quisieron mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, asegurando que todos los casos se revisarán y que dispondrán del correspondiente plazo de alegaciones. Precisamente, durante la jornada de ayer se produjo una reunión entre técnicos del Ivvsa y vecinos afectados para explicarles la naturaleza de la carta.

Sin embargo, en aquellos casos en que se ejecute la cláusula el mazazo será considerable, teniendo en cuenta que el periodo de pago terminará en marzo del año que viene. Las viviendas fueron levantadas en 1979 y han sido abonadas a lo largo de 30 años.

Desde la asociación de vecinos criticaron que el objetivo de la medida sea recuperar casas, y denunciaron "un trato discriminatorio" respecto a otros vecinos. Los afectados recordaron que en 2003 se abrió un plazo voluntario para concluir el pago de las viviendas adelantando las cuotas, que terminó un año más tarde, por lo que estos vecinos, con su vivienda en propiedad, no tienen nada que temer.

También denunciaron que no se han iniciado procedimientos de este tipo contra algunos adjudicatarios que no han utilizado el piso de forma habitual o que se han dedicado a alquilarlo, dos cuestiones que también son incompatibles con la adquisición de una vivienda social.

En caso de que no se recupere el piso, los afectados pueden afrontar sanciones de hasta 3.000 euros. Algunas de las fincas afectadas se sitúan en Huerto de San Valero, plaza Miguel Hernández, calle Sollana, General Urrutia, o la avenida de la Plata, según los residentes.