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El informe de Greenpeace sobre la captura y almacenamiento de carbono (CAC) se puede definir en una sola palabra: demoledor. El grupo ecologista rebate, uno a uno, los argumentos de quienes defienden esta tecnología aún incipiente y acusa al Gobierno central de incentivar de "manera desproporcionada" la CAC apoyando así "a las empresas de energía sucia". El Ministerio de Industria ha reservado suelo en la comarca de Els Ports para albergar estructuras subterráneas susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono (CO2).

Raquel Montón, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, no es menos contundente que el informe presentado este mismo mes. "La captura y almacenamiento de carbono no ayudará a evitar el cambio climático, despilfarra la energía, es arriesgada y cara", advierte Montón, quien añade que "enterrar el carbono es enterrar el dinero necesario para las verdaderas soluciones, como las energías renovables, y sepultar el futuro de las próximas generaciones".

Greenpeace resume el estudio -basado en informes científicos revisados externamente- en cinco puntos. El primero, que la tecnología de CAC no ofrece una solución que evite a tiempo un cambio climático peligroso puesto que "no se prevé que esté disponible al menos hasta el año 2030" mientras que las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que empezar a reducirse en 2015.

En segundo lugar, la organización ecologista sostiene que la captura y almacenamiento de carbono "despilfarra energía" ya que, según las estimaciones de Greenpeace, "esta tecnología utiliza entre el 10 por ciento y el 40 por ciento de la energía producida por una central térmica".

En tercer lugar, y el punto que más directamente se refiere a la reserva de suelo en Els Ports para en un futuro poder almacenar dióxido de carbono en depósitos subterráneos, asegura que "el almacenamiento subterráneo es arriesgado".

Según Raquel Montón, "no es posible garantizar el almacenamiento seguro y permanente de CO2. Incluso unos niveles de fuga muy bajos podrían minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio climático", advierte. El cuarto punto concluye que la tecnología de captura y almacenamiento de carbono es "cara" y podría dar lugar a que el precio de la electricidad "se incrementara entre un 21 por ciento y un 91 por ciento".

Por último, Greenpeace no duda en afirmar que la tecnología CAC "entraña riesgos significativos en materia de responsabilidad civil" ya que "representa una amenaza para la salud, los ecosistemas y el clima". La organización ecologista subraya en su informe que tiene "serias preocupaciones" sobre la posición del Gobierno sobre la captura y almacenamiento de carbono, ya que "es un tecnología que todavía no está probada, es cara y potencialmente peligrosa, que no debería servir como excusa para continuar construyendo centrales térmicas de carbón bajo la promesa de que estén "preparadas para capturar".

Frente a esta política, Greenpeace sostiene que para combatir el cambio climático hay que reducir las emisiones de CO2 mediante una mayor eficiencia energética y con una apuesta clara por las energías renovables, "y no a través de falsas soluciones como la energía nuclear o la captura de carbono", declara Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España en la página web de la organización.

Finalmente, Greenpeace ha demostrado que se pueden reducir globalmente las emisiones de CO2 casi un 50 por ciento para 2050, además de asegurar el suministro energético y hacerlo de un modo asequible y, manteniendo estable el desarrollo económico mundial. Las energías renovables, junto con el "uso inteligente" de la energía, pueden abastecer la mitad de la demanda energética mundial.

Y Castellón es un buen ejemplo de ello. La energía eléctrica generada por los parques eólicos de la provincia permitirá cubrir el 100 por ciento de la demanda doméstica este año, que asciende a 1.000 gigavatios/hora al año.