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Un grupo de expertos ha criticado la decisión unilateral que tomó el Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2005 de modificar el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó trasladando la toma desde la cabecera (Cortes de Pallás) a la desembocadura (Azud de la Marquesa). El cambio de trazado decidido por el departamento entonces dirigido por Cristina Narbona fue una sorpresa para usuarios, regantes y Consell, ya que se tomó de forma unilateral, sin consultas previas y cuando las obras llevaban más de dos años en marcha.

La medida ha sido ahora puesta en entredicho por un grupo de expertos que considera que la decisión fue equivocada al ser más cara, consumir más energía y proporcionar agua de peor calidad, al margen de crear una disputa entre usuarios y Administraciones. Las críticas provienen de los redactores del informe El agua una cuestión de Estado. Perspectiva desde la Comunidad Valencianas realizado por encargo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El documento ha sido redactado por el director de la Fundación del Instituto Euromediterráneo del Agua de Murcia, Francisco Cabezas, el catedrático de Mecánica de Fluidos y director del Instituto del Agua de la Universidad Politécnica, Enrique Cabrera, y el catedrático de Hidrogeología de la Universitat Jaume I de Castellón, Ignacio Morell. Los tres critican el cambio de trazado y lo consideran "cuando menos sorprendente", ya que se adopta en julio de 2005, cuando las obras se encuentran en estado muy avanzado (la construcción comenzó en 2002). El informe recuerda que la Sociedad Estatal de Aguas del Júcar había recomendado en abril de 2005, tan sólo tres meses antes del cambio, continuar los trabajos desde la toma de Cortes de Pallás.

Para los redactores la nueva situación se resume en pocas palabras. Una pérdida de las inversiones realizadas hasta 2005, un innecesario encarecimiento de los costes de inversión y una explotación con consumos energéticos mayores. Los estudiosos confirman, además, las denuncias que los usuarios han realizado en varias ocasiones de que el agua que llegará desde el Azud de la Marquesa en Cullera será de peor calidad que si se tomara desde Cortes de Pallás.

Los investigadores concluyen que si el agua se toma desde el Azud de la Marquesa se produce "un empeoramiento de la calidad del agua a trasvasar, con aumentos en la conductividad, amonio, nitratos y nitritos, reducción de oxígeno disuelto, aparición de sustancias peligrosas y eventuales episodios de mortandad de peces". Pero van más allá y apuntan que al margen de las razones aducidas por el Ministerio para modificar el trazado del trasvase, "el resultado es que los potenciales usuarios rechazan la nueva alternatva por considerar que la calidad del agua servida y su coste real son inviables para los usos previstos".

Su conclusión es rotunda. El Ministerio se ha quedado solo, no tiene usuarios para los 80 hectómetros que piensa llevar al Vinalopó y así no puede cobrar una parte de las obras. "En consecuencia, no existe posibilidad alguna de recuperar la inversión realizada", resalta el informe. Pero las críticas no terminan ahí. Cabezas, Cabrera y Morella califican la situación de "absurda" y que en cualquier caso "requiere una urgente reconsideración y un esfuerzo de diálogo por las partes interesadas, sin imposiciones ni empeños por nadie, y buscando alternativas viables y satisfactorias para todos".

El problema, en su opinión, es tan grave que llegan a afirmar que si no se alcanza un consenso que satisfaga a todas las partes "sería preferible desistir de la actuación y esperar a que se den otras condiciones más favorables en el futuro". Para Cabezas, Cabrera y Morell "no se puede hacer una obra de esta envergadura en contra de sus usuarios, ni debe dejar de hacerse porque es la única manera de resolver un grave problema enquistado y que requiere urgente solución". El objetivo del trasvase Júcar-Vinalopó era paliar la grave sobreexplotación de los acuíferos que sufre la comarca alicantina del Alto Vinalopó. Para ello se estableció el envío a Alicante de 80 hectómetros cúbicos anuales con lo que se permitía la recarga de las lagunas subterráneas y garantizaba la supervivencia de los cultivos.

El trazado inicial ciba a ser pagado por el Gobierno, la Generalitat Valenciana, fondos de la Unión Europea y los regantes. El cambio de trazado de forma unilateral por parte del Gobierno encontró de inmediato, tras la inicial sorpresa, la oposición de los usuarios del Vinalopó y de la Conselleria de Medio Ambiente. Ambos argumentaron que la calidad de las aguas en la desembocadura no era la misma que en la parte alta del río. Ante ello anunciaron que no participarían en el proyecto y que no comprarían el agua que llegara desde el Azud de la Marquesa. La decisión tuvo especial incidencia, ya que dejaba sin usuarios al trasvase. Además, pidieron judicialmente al Ministerio que les devuelva los seis millones de euros que adelantaron para la ejecución de las obras.