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La concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, rechazó ayer la última propuesta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de aumentar la edificabilidad de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías a la entrada de la ciudad y dejó claro la postura del Ayuntamiento de fijar en 220.000 metros cuadrados el terreno urbanizable en la zona, lo que supondrá la construcción de no más de dos mil viviendas, frente a las 3.800 que proponían desde la empresa pública para financiar la infraestructura.

Castedo y el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, se entrevistaron con representantes de la Adif, encabezados por el director de Patrimonio de la empresa pública, Antonio Fernández Cabado, y el gerente de la sociedad Avant, Miguel Garulo. En una reunión "tensa, pero correcta", los responsables municipales expresaron su intención de no permitir más allá de dos mil viviendas, incluidas dos torres de 60 plantas al final del soterramiento, "porque el sector no puede asumirlo".

Por su parte, los representantes de Adif se mostraron disconformes e, incluso, advirtieron de que si no se llega a un acuerdo para financiar el soterramiento de las vías, el AVE podría llegar en superficie a Alicante, algo que podría entenderse "como una amenaza", expresó Castedo.

De cualquier forma, la postura municipal parece que ya no tiene marcha atrás. Aunque Castedo reconoce que los contactos se mantendrán durante todo el verano, ha dado órdenes a sus técnicos para que comiencen la tramitación del Plan de Reforma Interior (PRI) de la Operación Integrada número 2 (O/I 2), es decir, el planeamiento urbanístico de la zona, para que el Ayuntamiento lo apruebe de manera provisional en septiembre. Esta planificación contemplará sólo dos mil viviendas en la zona, al igual que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentado ayer.

El retraso de las obras del soterramiento de las vías férreas a la entrada a la ciudad, cuya primera fase se inició a mediados del 2004, ha provocado un incremento de costes cercano a los 400 millones de euros, hasta alcanzar, según el último presupuesto, los 619 millones de euros. Desde Urbanismo, piden a Avant una memoria explicativa de este presupuesto que, entre otras partidas, incluye 53 millones de euros de imprevistos.

Adif busca fórmulas para poder pagar todos estos trabajos, y la primera idea fue conseguir fondos a través de las plusvalías obtenidas con la venta de terrenos urbanizables en la superficie liberada. Las cuentas de Avant indican que con sólo 220.000 metros cuadrados urbanizables, con la posibilidad de construir dos mil viviendas, no se llegarían a financiar todas las obras.

Los cálculos de los técnicos municipales indican que, si bien no se sufragarían todos los gastos, sí se sacaría una buena tajada. Más o menos, Avant calcula que el precio de una vivienda en los futuros edificios de la avenida de Salamanca rondaría los 300.000 euros, mientras que Urbanismo sube este precio a los 480.000.

Ante esta divergencia, ayer se acordó que una empresa privada haga una valoración de los terrenos, para saber cuánto valdrían y, así, saber cuánto tendrían que aportar de más las administraciones para financiar la operación, teniendo en cuenta que Fomento se haría cargo de la mitad de los gastos, la Generalitat un 25 por ciento, y el Ayuntamiento, del resto. Sin embargo, Castedo ya advierte de que el Consistorio no pondrá un euro en la operación, "porque nuestra aportación es con edificabilidad".

Otra opción que ayer se deslizó fue que no se incluyeran otras obras complementarias al AVE por Alicante, pero no estrictamente del soterramiento, como el trazado hasta Torrellano, que tiene un gasto superior a los cien millones de euros.

Con todo, Castedo reconoció las dificultades que tiene la "mayor operación en la historia de la ciudad", aunque defendió la postura municipal por cuanto que no permitirá "que sea mi ciudad quien pague" toda la infraestructura, "cargándose, literalmente, toda la zona verde" prevista.