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Cinco cementeras. Quince silos. Alturas de 50 metros. Capacidad para 82.000 toneladas. Y distancias de entre 800 y 2.000 metros. Son los datos contra los que luchan con todas sus armas los ciudadanos contrarios a la conversión del puerto de Alicante en puerto industrial. La Plataforma en Defensa del Puerto (PDP), las asociaciones vecinales de la zona sur de la ciudad, entidades ecologistas o grupo políticos como Esquerra Unida se preparan para librar la última contienda de la guerra contra los silos.

El puerto de Alicante ya ha dado su autorización. En realidad se trata de un mero trámite que pasa de ahí. Lo realmente importante es la licencia municipal. Pero los vecinos y residentes de San Gabriel, Benalúa o Gran Vía Sur-Puerto, entre otras asociaciones contrarias, no están dispuestas a dejarse ganar por lo que denominan "política de hechos consumados".

Oficialmente nada pueden hacer hasta que las empresas dispongan de licencia municipal para instalarse. Último trámite y visto bueno del Ayuntamiento que preside Luis Díaz Alperi para iniciar las obras. Para cuando llegue el momento estarán preparados. Mientras tanto, tal y como anuncia Manuel Pomar, presidente y portavoz de la Plataforma en Defensa del Puerto, ya han comenzado la ronda de reuniones, las movilizaciones vecinales y los trámites con la asesoría jurídica.

Pomar confirma lo que ya se ha anunciado. Los tribunales, locales y europeos, son la única opción válida y efectiva que le queda a la ciudadanía para hacer frente a lo que consideran un abuso y una ilegalidad por parte de quienes gobiernan.

"Nadie ha contestado, ni siquiera de forma genérica, a las 2.350 alegaciones presentadas contra la instalación de las cinco cementeras en los muelles 19 y 21 del puerto", advierten además. "Y para que el alcalde de la ciudad y las autoridades competentes no puedan decir que desconocen las alegaciones y las razones de los vecinos, la semana que viene recibirán copia de cada una de ellas". La Plataforma remitirá al alcalde de Alicante todas y cada una de las alegaciones. Además recibirán otra copia los conselleres de Sanidad, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Síndica de Greuges y la Subdelegada del Gobierno.

Los ciudadanos lo tienen claro. "A quien hay que presionar es al Ayuntamiento". Y precisamente al alcalde dejarán claro en su escrito con las alegaciones que tras la licencia municipal va el juzgado y las movilizaciones ciudadanas "y lo que haga falta".

Rebaten con datos los argumentos que defienden los que apuestan por las cementeras. A la supuesta creación de empleo aseguran que cada empresa crearán entre 7 y 8 empleos. "Nada que justifique el perjuicios que supondrá para los residentes de las zonas más próximas". Al argumento del traslado de las cementeras, advierten que se trata de cinco empresas nuevas. Y a la supuesta eliminación de 250 camiones diarios por el centro de la ciudad, advierten que las cinco cementeras en pleno rendimiento supondrán un tránsito de 3.000 camiones diarios. "Pero no circularán por la explanada ni por el centro de la ciudad, pero sí por la calle Méjico, que soportará un tráfico de entre 1.500 y 3.000 camiones diarios", con lo que suponen de impacto ambiental, ruidos, olores, humos y polvo. Son sólo algunos de los argumentos que defenderán en los tribunales y en la calle.