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Lo que más molesta del actual borrador de Decreto de Derechos y Deberes de alumnos, profesores y familias es la actitud de la Conselleria de Educación. Los sindicatos mayoritarios del sector educativo temen que ocurra como con el Decreto de admisión de alumnos en el que la administración solicitó la colaboración de todas las partes implicadas pero "que acabó redactándolo como quisieron, y fue aprobado sin tener en cuenta nuestras alegaciones", criticaban ayer desde la Federación de Enseñanza de CC. OO.

La administración educativa se planteó a finales de 2006 la redacción de un nuevo documento que regulara, de manera interna, la convivencia en las aulas de la Comunitat para mejora el actual clima tras la consecución de varios casos de acoso escolar entre iguales y hacia los profesores.

Para empezar a trabajar, la Conselleria comenzó una completísima ronda de reuniones con federaciones de padres, agentes sociales y directores de colegios e institutos.

Casi un año después sacó el primer borrador de un decreto que refuerza la autoridad del profesor en la clase, dignifica la profesión del enseñante, responsabiliza a los padres de las actitudes negativas de sus hijos en la escuela y, lo más polémico de todo, crea aulas específicas para los alumnos más conflictivos.

El citado texto además, trata de agilizar las sanciones con aquellas conductas más violentas dentro del entorno educativo, aspecto éste último muy valorado por la comunidad educativa que ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el incremento de los casos de violencia escolar e indisciplina en los colegios e institutos.

Ahora bien, un texto que en un primer momento está redactado para establecer mimbres de convivencia en los centros de enseñanza y para dejar fuera la violencia, nace con la mayoría de la comunidad escolar enfrentada a la administración educativa.

Tal es la situación que todos los sindicatos del sector con representación en la Conselleria de Educación -CC. OO., FETE-UGT, CSI-CSIF, STEPV y ANPE- acordaron el pasado jueves rechazar el nuevo decreto si antes no hay una negociación seria.

Incluso ANPE, la organización que más positivamente valoraba la propuesta del Consell por su papel de mediador en el grave problema de la convivencia escolar, ha increpado también a Educación por considerar que "el texto amplía aún más las funciones del profesorado, en detrimento del docente", especificaron desde el sindicato.

FETE-UGT presentó más de 60 enmiendas en su intervención del pasado jueves en la reunión sectorial y pidió la retirada total del documento por considerarlo que carece de consenso. Y es que el aluvión de las nuevas competencias -hasta veinte, según FETE-UGT- que el texto entrega a los profesores ha sentado como un jarro de agua fría porque estiman que la puesta en marcha de algunas de las iniciativas de decreto como son las aulas para alumnos conflictivos, no cuentan ni con los recursos humanos ni con la dotación económica necesaria para una puesta en marcha real.

Educación ha preferido dejar estos "flecos" para un posterior reglamento, cosa que ha puesto en alerta a los sindicatos. Desde FETE-UGT, también se ha invitado a la Conselleria a que abandonara las prisas para aprobar el Decreto de Derecho y Deberes, puesto que la administración ya ha anunciado que le gustaría tener el decreto definitivo antes de 2008.

La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, Alicante y Castellón también le exigen más tiempo a Educación, y estiman que el texto "segrega y sanciona", en vez de "construir e integrar". En su opinión, este decreto no resolverá "los problemas de conflicto en el aula" y creen que los padres no deberían estar incluidos porque sus derechos y deberes ya están recogidos en la Constitución Española y en las leyes educativas