Noticias Ya.com

Una mujer durante una concentración para pedir un centro de acogida. El Consell salió ayer al paso del aluvión de críticas recibidas por promover un contrato que permita la integración de los inmigrantes en la Comunitat, presentado a principios de semana. El conseller de Inmigración, Rafael Blasco, pidió a la Conferencia Episcopal que "reconsidere" su posición, teniendo en cuenta que la iniciativa "está pensada para favorecer la dignidad de los inmigrantes". "Se elabora a partir de la base de todas las iniciativas que planteamos: el humanismo, la preocupación por las personas", tal y como matizó el conseller.

El viernes, el obispo responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal, José Sánchez, explicó su desacuerdo con el proyecto del gobierno autonómico, argumentando que este tipo de iniciativas legislativas se basan más en preservar los interesas nacionales que en promover el bien del extranjero.

Blasco se mostró sorprendido por las críticas del obispo, sobre todo, cuando él mismo admitió desconocer el borrador de ley de Integración de los Inmigrantes, aunque manifestó que respeta su posicionamiento pese a tratarse de "una opinión más". Respecto a las críticas generales, lamentó que en la mayoría de los casos se trate de "reacciones muy interesadas" y que se hayan lanzando "sin tener conocimiento de la propuesta".

"La inmigración tiene que ser un fenómeno ordenado para que el inmigrante que venga a trabajar tenga la oportunidad de conocer la tradición y las costumbres del lugar", sentenció. "Lo que se pretende es dotar al inmigrante de unos instrumentos para que pueda integrarse en libertad, sin ninguna imposición y con garantías sociales", añadió. Respecto a los detalles del controvertido contrato, explicó que se darán a conocer tras la reunión que mantendrá el miércoles con el ministro de Trabajo.

"La iniciativa la vamos a llevar adelante porque está dentro de marco estatutario de la Comunitat y dentro del marco constitucional. Además hay otras razones, pues está incluido en el programa electoral del partido y en la Comunitat hay que recordar que las elecciones las ganó el PP", sentenció. También apuntó que este tipo de iniciativas ya se han puesto en práctica en otros países europeos como Holanda, Reino Unido o Francia.

El conseller se mostró convencido de sacar el proyecto adelante, aunque tampoco cerró la puerta a una posible revisión. "No habría problema en reconsiderarlo, pero creo que nuestra posición es justa y correcta", dijo.

El contrato para la integración será uno de los temas de debate que tratará el conseller en la reunión de este miércoles con Celestino Corbacho. Además, se hablará de la financiación en cuestiones de inmigración, teniendo en cuenta que en 16% de la población de la Comunitat es extranjera, una realidad que no tiene reflejo en las partidas presupuestarias para inmigración, según Blasco.

"El Gobierno socialista ignora las tensiones que causa en el presupuesto del Consell los gastos derivados de la atención de los 732.000 inmigrantes de la Comunitat", añadió.

También concretará en la reunión una de las peticiones más reiteradas del Consell, que es la transferencia de algunas competencias en materia de extranjería. Se trata de la tramitación de permisos de trabajo en origen, de manera que se pueda potenciar la llegada de inmigrantes con contratos gestionados desde el país de procedencia. La segunda competencia se refiere a los expedientes de reagrupación familiar. Estos permiten que una vez que el inmigrante se encuentra en una situación legal traiga a sus parientes al país de destino. En cuanto a estas competencias, el Gobierno ya está pensando en transferirlas a comunidades como Andalucía o Cataluña, como explicó el conseller.

Rafael Blasco argumentó también que la mayor "cercanía" de la administración autonómica hace que el Consell tenga una situación ventajosa en estas tramitaciones respecto al Gobierno Central.