Noticias Ya.com

Después de lo ocurrido en Vista Calderona están más que resabiados. El Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona quiere impedir a toda cosa un dislate como el de la urbanización en la que algunos propietarios han entrado a vivir en las casas antes de contar con la licencia de primera ocupación e, incluso, de que estuvieran acabadas las obras de urbanización. La zona SRC-IBM presenta un problema similar. La Policía Local vigila para evitar que los afectados decidan mudarse antes de estar totalmente desarrollada el área residencial.

Para ello, las patrullas del cuerpo de seguridad municipal pasan habitualmente por la zona, ubicada en el linde con l"Eliana. En el sector de más de 92.000 metros cuadrados junto a un centro comercial y las antiguas instalaciones de una multinacional de informática se prevé la construcción de 682 viviendas, la mayoría de ellas unifamiliares.

Actualmente ya están edificados alrededor de 40 de los adosados. "Es difícil que ocurra lo mismo que en Vista Calderona, pero nos hemos reunido con los promotores y los propietarios para evitarlo y abordar el problema", señaló Mari Carmen Contelles, alcaldesa de La Pobla de Vallbona (PP).

La verdad es que la situación, sin ser un calco, se acerca mucho a la de Vista Calderona. Las obras de urbanización del SRC-IBM fueron adjudicadas por el pleno de La Pobla a la mercantil Servicios Inmobiliarios Tremon S. L. El 30 de julio de 2004. En el contrato suscrito con el Ayuntamiento, la empresa se comprometía a que la zona debía contar el 9 de junio de 2007 con los viales, suministro eléctrico y agua potable, y recogida y conducción a la depuradora de las aguas residuales.

Ha pasado más de una año de que expirase el plazo y estas actuaciones siguen sin estar concluidas. El Ayuntamiento ya ha empezado a sancionar a Tremon, que deberá pagar poco más de 410 euros por cada día de retraso. De momento, ya ha remitido a la adjudicataria una multa de algo más de 67.200 euros.

Fuentes municipales señalaron que la paralización de estas obras está perjudicando a los compradores de las viviendas (la mayoría adosados y alrededor del 25 por ciento pisos). Sin embargo, las grandes damnificadas son las tres constructoras de los inmuebles: Afirma, ING Real State y Onofre Miguel. De momento, el problema sólo se vislumbra.

La mayoría de los inmuebles están todavía en construcción y el plazo de entrega no ha expirado. Afirma, no obstante, es la empresa que más ha sufrido el retraso ya que, según indicaron desde el Ayuntamiento de La Pobla, ya ha acabado de edificar la primera fase de entre 40 y 50 inmuebles.

En estos casos, también expiran los plazos de entrega, por lo que hay clientes que han optado por resolver el contrato, con la consecuente pérdida económica para la constructora en plena crisis económica. Onofre Miguel, por su parte, ha decidido paralizar la venta de inmuebles.

"No vamos a permitir que nadie entre a vivir ahí sin licencia de primera ocupación. Tampoco vamos a concederla hasta que finalicen las obras de urbanización del sector", indicó Contelles.

Esta misma fue la respuesta tajante tanto de la alcaldesa como de los técnicos de La Pobla a las empresas constructoras cuando estas propusieron habilitar generadores a gasoil para dotar de electricidad a las viviendas construidas.

Según indicaron desde el Consistorio, las obras de urbanización están casi acabadas. El principal problema reside en el suministro eléctrico. Tremon contrató hace año y medio con la empresa la obra de la acometida para dar servicio a la zona de viviendas desde la subestación más cercana. La mercantil tramitó los permisos en los Ayuntamientos hace dos meses. San Antonio de Benagéber acaba de concederlo y l"Eliana lo hará en breve.