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Casi 3.000 mujeres valencianas obtuvieron una orden judicial de protección en los primeros nueve meses del año pasado tras haber presentado una denuncia por malos tratos. Esta cantidad de víctimas de violencia de pareja, concretamente 2.948 en la Comunitat, se sitúa como la segunda más alta de España. Sólo Andalucía, con 3.662 órdenes de protección, se situó por encima.

La Comunitat superó a Cataluña por primera vez en el periodo de enero a septiembre del año pasado, a falta de que el Consejo General del Poder Judicial complete la publicación de estadísticas anuales con las cifras del último trimestre del pasado 2007. Madrid registró 2.798, mientras Cataluña se situó en 2.753 y pasó del segundo lugar de hace dos años al cuarto en este periodo.

Las órdenes de protección consisten en diferentes medidas adoptadas por los jueces. La mayoría de las veces decretan un alejamiento del agresor: que no se acerque a su pareja o su ex. Gran parte de estas órdenes incluyen también una prohibición de comunicación; es decir, que el presunto agresor no intente contactar con la denunciante. Esto ocurre, al igual que el alejamiento, en ocho de cada decena de casos.

En menor medida se decreta que el acusado abandone el domicilio de la pareja (16 por ciento) o se prohíbe que vaya a determinado lugar (18 por ciento de órdenes), como por ejemplo la empresa en la que trabaje la víctima. La Comunitat ya había superado en 2006 las 3.429 órdenes judiciales dictadas en Madrid. Los juzgados valencianos de Violencia sobre la Mujer emitieron aquel año 3.589, una cifra inferior a las 4.547 de Cataluña y las 4.547 de Andalucía.

Esta figura de protección fue creada por la Ley de Violencia de Género que entró en vigor a mediados de 2005. En los primeros seis meses de vigencia de esta normativa, la Comunitat acumuló 1.842 órdenes de seguridad y protección a víctimas. El dato valenciano se situó en el segundo semestre de 2005 por debajo de las 1.882 órdenes de Madrid, las 2.241 de Cataluña y las 2.380 de Andalucía. Desde entonces, ha pasado del cuarto lugar al segundo.

El motivo de que en la Comunitat Valenciana haya más órdenes de protección es que suelen concederse más del 80 por ciento de las solicitudes. En el tercer trimestre de 2007, el 84 por ciento. A diferencia de esta autonomía, y de casi todas las regiones españolas, en Cataluña y Madrid apenas se aceptan el 61 por ciento o 62 por ciento de peticiones de protección. La única razón legal para denegar una solicitud de protección es que el juez considere "que no existe riesgo" para la denunciante, según explicó ayer José María Gómez Villora, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valencia.

El magistrado apuntó también que otra posible explicación es que haya más o menos juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid ya son 10. "La propia especialización de los juzgados exclusivos permite valorar mejor si hay riesgo o no. Pero esto es sólo una impresión personal", manifestó Gómez Villora. El titular del primer juzgado de Violencia sobre la Mujer constituido Valencia cree que este tipo de jueces (los que se centran en exclusiva en los malos tratos) deniegan más órdenes que los juzgados no específicos, que también deben ocuparse de otro tipo de asuntos penales y civiles.

Es decir, cuantos más juzgados específicos -como en Madrid- hay menor porcentaje de solicitudes concedidas. Al margen de que se conceda un porcentaje menor de órdenes de protección en Madrid y Cataluña que en la Comunitat Valenciana y Andalucía (81 por ciento en esta región en el tercer trimestre de 2007), otro motivo explica el alto número medidas concedidas.

Se trata de que, proporcionalmente, en la Comunitat se piden más órdenes de protección para víctimas de violencia de pareja que en las otras tres autonomías. Los juzgados valencianos recibieron entre julio y septiembre de 2007 un total de 1.422 peticiones de protección, lo que supone una media de 291 por cada millón de habitantes. En Andalucía se solicitaron 1.737 órdenes (216 por cada millón de habitantes). En la Comunidad de Madrid las víctimas de malos tratos realizaron 1.630 peticiones (268 por millón), mientras que en Cataluña la cifra se situó en 1.514 (210).

El magistrado recordó, por otra parte, la importancia de que las víctimas o su entorno familiar y de amigos denuncien los quebrantamientos de las órdenes de protección. La eficacia de estas medidas dictadas para preservar la integridad de la víctima se queda "en papel mojado", si no se denuncia el incumplimiento de la orden o la sentencia judicial, que constituye un nuevo delito.

Por este motivo, Gómez Villora anima a denunciar todos los incumplimientos "incluso los que no incluyan violencia", como por ejemplo que el presunto maltratador intente comunicarse con la víctima o rompa un alejamiento, aunque no sea para amenazarla o para agredirla. Estos quebrantamientos de una orden de protección pueden suponer el ingreso en prisión. Y esto último podría evitar potenciales situaciones de mayor riesgo, incluso vital, para la víctima.