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La fase de agotamiento por la que atraviesan en la Comunitat Valenciana los yacimientos mineros de arcillas rojas que proveen al sector cerámico de la provincia de Castellón ha provocado que los empresarios de las principales industrias de extracción hayan puesto sus miras en otras autonomías como la aragonesa para evitar el desabastecimiento que, según los expertos, comenzará a afectar a la industria azulejera a corto plazo.

La finalización, en 2011, de las licencias jurídicas de explotación de yacimientos en activo en la provincia de Castellón, el agotamiento de minas como la del Madroño, situada en la localidad valenciana de Higueruelas, así como el hecho de que la Generalitat Valenciana todavía no haya desbloqueado cinco proyectos de ampliación para prolongar la extracción de arcillas en la Comunitat Valenciana, cuatro de ellos en la provincia de Valencia y uno en la de Castellón (Morella), obligan a los empresarios a buscar alternativas.

"El hecho de que no avancen los expedientes en la Comunitat Valenciana obliga a empresas como Watts Blake Bearne (WBB), la mayor productora de arcilla de cocción roja, a buscar nuevas zonas de extracción en la provincia de Teruel", reconoció el presidente de la Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas de la Comunitat Valenciana, Ricardo Rodríguez, quien advirtió a su vez de que "además de encarecer notablemente el precio de la materia prima, que podría llegar a duplicarse, el suministro de arcilla desde Teruel implicaría la puesta en circulación de 1.200 camiones diarios por la recientemente finalizada Autovía Mudéjar, que quedaría de nuevo colapsada". En ese sentido, Rodríguez insistió en que "además de incrementar la contaminación por emisiones de dióxido de carbono debido al paso de los camiones, el traslado de las extracciones aumentaría el paro en la Comunitat Valenciana y ese sector de la economía quedaría a expensas de la voluntad de otra Comunidad Autónoma".

Al respecto, el director general en España de la compañía WBB, Salvador Colomer, reconoció que "en Teruel tenemos algunos yacimientos mineros en marcha y otros estamos en aras de obtener los permisos porque, si en la Comunitat no tenemos alternativas, tendremos que buscar fuera la materia prima". "El transporte encarece los costes, crea un peligro ambiental y habría que buscar arcillas que sean aptas para ser utilizadas o cambiar su formulación, pero existe un peligro real de desabastecimiento en tres años y debemos buscar soluciones", agregó Colomer, quien expresó su "confianza" en que la Generalitat "desbloquee los cinco proyectos pendientes".

"La agilización de los expedientes solventaría el problema a corto plazo y aportaría materias primas suficientes para los próximos 15 años", destacó Colomer, que insistió en que "en los últimos meses hemos mantenido varios encuentros con las consellerias de Industria y Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, así como con el director general de Industria e Innovación, Bruno Broseta, entre otras autoridades, y la predisposición para desbloquear los proyectos es buena". "El problema es que hace falta tal cantidad de informes, de expedientes y permisos e intervienen tantas direcciones generales que no se ha avanzado nada", añadió el director general de WBB.

Por lo que se refiere a los proyectos de extracción en activo gestionados por la compañía, Colomer recordó que "del yacimiento de Moró, que es la mina de la que más se extrae de toda la Comunitat y cuya licencia finaliza en 2011, obtenemos cerca de 1,8 millones de toneladas al año, a las que se suma otro millón de toneladas de la mina de Villar y, junto con las arcillas de Teruel y las de Higueruelas, suman más de 3,5 millones de toneladas al año, lo que supone entre el 45 y el 50% de la materia prima total que abastece a la industria cerámica".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Sílices, Caolines y Arcillas de la Comunitat Valenciana reiteró que "la solución para la producción de pasta roja pasa exclusivamente por la obtención de los permisos para explotar las concesiones pendientes, ya que al ser ampliaciones ya disponen de toda la logística y maquinaria necesaria y las consecuencias ambientales son irrelevantes". "El problema de buscar nuevos yacimientos mineros también radica en que, por ejemplo, en el caso de Teruel, son arcillas que requerirían una reformulación, lo cual, sumado a los otros inconvenientes, hacen que la viabilidad de los proyectos no esté totalmente garantizada", destacó Rodríguez, quien también se refirió a la "excesiva" prolongación de los trámites para obtener nuevos permisos de extracción.

"Desde que se solicita el permiso de investigación para hacer catas, que simplemente pone de manifiesto que hay indicios de mineral en la zona, hasta que se termina abriendo una explotación pueden transcurrir 10 ó 15 años, lo que no es el panorama ideal para la mentalidad empresarial", dijo Rodríguez, que recordó que "a ello hay que sumar la tramitación administrativa del permiso de explotación que, por su complejidad normativa, implica a varias instituciones locales y autonómicas que en ocasiones se contradicen".

Cabe recordar que el sector lleva años reclamando al Consell la aprobación de una Ley Integral del Sector Cerámico que regule tanto la extracción de materiales como la industria en general ya que, según los empresarios, la normativa actual data de 1978. Los retrasos en la concesión y renovación de licencias, así como el gran poder de decisión que tienen, en última instancia, los ayuntamientos, ya que su negativa prima incluso por encima de la decisión del Consell, ralentizan el proceso de tramitación de los permisos y auguran problemas de abastecimiento para el sector.