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La financiación de la atención a los inmigrantes que se presta en la Comunitat será uno de los caballos de batalla durante la reunión que el miércoles mantendrán el conseller de Inmigración y el ministro de Trabajo, en la que también se tratará el contrato previsto por el Consell para integrar a los extranjeros.

Precisamente, unas de las críticas más encendidas del Consell es la "discriminación" que sufre la Comunitat en la financiación estatal en esta materia. En los últimos dos años la aportación del Gobierno de Zapatero ha sido de 22 millones cada uno, lo que supone una inversión de 30 euros anuales por cada inmigrante residente en la Comunitat (732.102 personas).

Para plasmar esta situación la Conselleria recurre a las cifras del Fondo para la Integración de Inmigrantes que todos los años regula las aportaciones estatales a las autonomías. Los números establecen que la Comunitat recibió exactamente 22.715.542 euros en 2007. Y para este ejercicio, el incremento ha sido sólo del 0,43 por ciento, llegando a los 22.814.228.

Desde la Conselleria aseguran que la financiación estatal no refleja que el incremento de la población inmigrante ha sido exponencial. Sirve un dato. Del millón de nuevos habitantes de la Comunitat en el último año, el 74 por ciento eran extranjeros.

La atención de los inmigrantes que llegan a España es una competencia estatal y delegada en muchos aspectos en las comunidades autónomas. Es el caso de la atención sanitaria o la educación de los nuevos vecinos. Por contra, el Ejecutivo se encarga de su situación legal y de arbitrar mecanismos de acogida.

De hecho, la financiación del Fondo para la Integración se emplea para mantener plazas de acogida, en compensación por los traslados desde otras comunidades con una mayor presión migratoria, para la atención especial a los menores extranjeros que llegan solos a las costas del país y para reforzar la inversión en educación de la comunidad autónoma.

Otras de las críticas de la Conselleria es que la distribución de los fondos no se corresponde completamente con la situación real en las comunidades y provoca una desfase presupuestario.

Para este año, la Comunitat ha ingresado en sus arcas 22 millones, que suponen el 11,3 por ciento del Fondo. Sin embargo, el número total de inmigrantes afincados en Valencia representa el 16 por ciento de la población extranjera nacional.

Por contra, otras comunidades como Cataluña sí que ven reflejada en su asignación anual una cifra representativa del total de inmigrantes. En este caso, el 22,2 por ciento del Fondo se destina a Cataluña, cuya población inmigrante representa el 21,5 por ciento del total nacional.

Desde la Conselleria explicaban ayer que se consideraría un logro conseguir un compromiso para repartir el coste económico derivado de la atención de las personas inmigrantes. Las mismas fuentes comentaron que mientras que el Gobierno de Zapatero destina 30 euros anuales por persona, desde el Consell la inversión supera los 1.800.

El otro punto caliente del orden del día de la reunión que mantendrá el conseller Rafael Blasco con Celestino Corbacho será la polémica Ley de Integración de los Extranjeros que prepara el Consell, que ha suscitado amplio rechazo apenas una semana después de conocerse.

Lo cierto es que han trascendido pocos detalles, aunque la idea es facilitar mecanismos para facilitar la integración, estableciendo una serie de derechos y deberes del inmigrante.

La Ley recogerá medidas en sanidad, educación, formación para conocer la lengua y cultura de la región, vivienda o personas desfavorecidas como los menores.

Un ejemplo concreto es que la Ley garantizará el derecho de la mujer a no sufrir discriminación o la formación en el respeto de las creencias ajenas. Además, también se establecen reconocimientos para aquellas personas que trabajen de forma activa en la integración. Desde la asociación local que enseñe idiomas a inmigrantes hasta el extranjero que trabaja de voluntario difundiendo su cultura.

En el encuentro también se tratará la posibilidad de que determinadas competencias en materia de extranjería que ostenta el Gobierno puedan ser gestionadas por la administración autonómica.

Es el caso de los permisos de trabajo tramitados en origen, para que los ciudadanos que lleguen a la Comunitat Valenciana lo hagan con un contrato, o los planes de reagrupación familiar, que permiten al extranjero en situación legal facilitar la llegada de la familia.