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Deficiencias en las instalaciones llevarán al cierre al Matadero Comarcal de Alicante si la Administración no lo impide. La Conselleria de Sanidad ha emitido una carta en la que ordena el cierre de esta instalación, emplazada en el polígono de Aguamarga, porque sufre problemas estructurales. La gerente del Matadero, Francisca Cerdá, afirma que "a partir de la carta, es cierre".

A pesar de que fuentes de la Conselleria de Sanidad afirman que la orden ya ha salido, ayer todavía no había llegado al Matadero. Mientras, la actividad continúa en estas dependencias, ya que las deficiencias detectadas corresponden a la estructura, pero en ningún caso merman la calidad de la carne. Así, las instalaciones de Aguamarga están en el aire a la espera de la llegada de la orden.

Mientras, y tras la reunión mantenida el jueves a petición de la Asociación de Comerciantes de Concesionarios de Mercados Municipales se barajan distintas propuestas para suplir el servicio tras el cierre de la instalación. Según informaron ayer desde la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante existen dos soluciones viables: una de ellas pasa por construir una nueva instalación en Mercalicante mientras que la otra supondrá prestar servicio en las dependencias de Orihuela.

La primera de las propuestas fue realizada por un grupo de carniceros y podría contar con subvenciones oficiales. Mientras, la empresa responsable de la gestión del Matadero de Alicante apostó en la reunión por prestar el servicio en Orihuela, ya que se le han ofrecido las instalaciones y podría contar con el mismo personal y servicio, un extremo que no acaba de convencer a los clientes de las dependencias de Aguamarga.

Lo que está claro es que el Ayuntamiento no dispone de fondos para realizar un matadero nuevo -el actual data de los años 50- y que tampoco se trata de un servicio que se deba prestar de forma obligatoria. Un ejemplo es que de más de una veintena de mataderos en la provincia se ha pasado a contar con sólo dos: Alicante y Orihuela.

Y en medio de esta espera, el alcalde, Luis Díaz Alperi, recordó que la instalación se privatizó hace años e hizo responsable a la gestión de la empresa concesionaria de la situación actual. Alperi dijo que la Concejalía de Sanidad está elaborando un estudio y sentenció que la empresa "lo que debía haber hecho es cumplir con la Ley".