Noticias Ya.com

Cada vez más discapacitados están solicitando las ayudas de la Ley de Dependencia pese a que las prestaciones no estén llegando en la Comunitat al ritmo que deberían. Los últimos datos oficiales publicados por el Gobierno central muestran que el número de peticiones realizadas a la Conselleria de Bienestar Social se ha triplicado durante el último mes.

A fecha del 30 de junio, un total de 30.757 dependientes ya han formalizado la solicitud de las ayudas desde la entrada en vigor de la ley. Esta cifra supone un incremento del 202 por ciento respecto al informe del pasado 2 de junio cuando sólo se habían contabilizaron un total de 10.163 peticiones, una cifra bajísima que demostraba, además, la falta de información que tenían los afectados sobre la aplicación de la nueva normativa.

Del total de peticiones, desde la Conselleria se han realizado 28.501 dictámenes (92,67 por ciento del total), que supone la valoración y prescripción de los servicios.

Ahora bien, estas cifras deben matizarse ya que muchas de estas resoluciones corresponden en realidad a la atención residencial, es decir, a la homologación de las plazas cubiertas por el bono-residencia para los centros de la tercera edad. Le siguen, en volumen de prestaciones reconocidas, las ayudas para centros de día/noche.

Las demoras en la aplicación de la ley en la Comunitat siguen siendo objeto de reclamaciones en la Sindicatura de Greuges. Los últimos informes publicados hacen referencia a quejas de familiares de grandes dependientes que llevan ya un año esperando a que los servicios sociales realicen el informe social de su entorno para poder acceder a las prestaciones, unos plazos que escapan a cualquier límite razonable.

También se están dando casos de afectados a los que les faltaba algún tipo de documentación a su solicitud. El plazo para subsanar estos errores es de diez días, tiempo disponible por la Administración autonómica completar el expediente.

Sin embargo, en una de la quejas recogidas por la ya ex Síndica de Greuges, Emilia Caballero, se mostraba la situación por la que estaba pasando una familia que llevaba once meses a la espera de que desde la Administración completase el expediente inicial pese que ya habían entregado toda la documentación que se requería.

Todas estas situaciones han llevado a la creación de plataformas comarcales y provinciales -formadas por asociaciones de dependientes, sindicatos y colectivos sociales- para exigir al Consell la aplicación de la normativa.

Una de las medidas de presión que estas plataformas llevaron a cabo fue la convocatoria de una manifestación el pasado 7 de junio en Alicante donde acudieron más de 1.500 personas para denunciar el boicot de la ley en la Comunitat.

Junto a la manifestación, los afectados también han realizado una campaña de recogida de firmas que ya han sido entregadas la Generalitat.