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El sector provincial de la construcción está impulsando nuevas estrategias ante la actual coyuntura del mercado inmobiliario. Tras años de crecimiento sin parangón, este segmento de actividad afronta ahora un panorama incierto, con subida de intereses, mayor endeudamiento de las familias y problemas de financiación, tanto para sus proyectos como para sus compradores potenciales. Ante esta situación, la industria del ladrillo está agudizando el ingenio para sobrevivir, ya que la alternativa apuntada por el Gobierno de incrementar la obra pública no acaba de plasmarse.

La crisis, que según los responsables de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APECC) no es del ladrillo, sino financiera, ha obligado a algunas constructoras a "sacar directamente gran parte de su estock al mercado del alquiler ante la dificultad de venderlas, porque los bancos cada vez ponen más difícil a los potenciales clientes acceder a una hipoteca", destacó el nuevo presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Provincia de Castellón, José Comes.

"Algunas constructoras, o propietarios que compraron varios inmuebles para hacer negocio, están ofertando sus pisos a la Agencia Estatal del Alquiler o a los organismos públicos que gestionan estos productos", añadió el nuevo responsable de los API.

Esta alternativa, que en muchos casos se formula como alquiler con opción a compra, sirve para mitigar el problema financiero al que se ven expuestas las constructoras para devolver los créditos bancarios suscritos para sufragar el coste de los proyectos. Una práctica, sin embargo, que no solventa el principal handicap: la subrogación de las hipotecas por parte del comprador.

Esta opción ha ido ganando fuerza a medida que "los bancos deniegan hipotecas a personas que hace meses la apalabraron y que ahora, ante la entrega de las llaves, en el momento de suscribir el contrato con el banco ven cómo la entidad financiera les cambia las condiciones o les pide más avales. En ocasiones les deniega el crédito".

Los constructores achacan a esta nueva política de los bancos gran parte de la situación del sector, porque aseguran que "demanda hay, aunque más ralentizada".

Responsables de la comisión de urbanismo de la Cámara de Comercio recalcaron que "ante la actual situación, de denegación de los créditos por parte de los bancos, es igual de difícil vender vivienda de primera mano que de segunda".

Reunión con Camps

También para buscar soluciones, desde la APECC se vienen gestionando reuniones con las distintas administraciones, para que tanto el Gobierno como el Consell impulsen más obra pública en Castellón para poder mantener el empleo en un sector que ha pasado de liderar la generación de puestos de trabajo a encabezar la lista de despidos. En este sentido, Rafael Doménech ha solicitado una reunión al máximo nivel con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, tal como ha ocurrido ya con los empresarios del sector en Alicante.

En dicho encuentro, Doménech expondrá que el futuro del sector en Castellón no depende únicamente de la labor de los empresarios, sino que se requiere el apoyo del resto de agentes económicos, de los gobiernos central y autonómico y de la situación del sistema financiero.

También se planteará en dicha reunión la necesidad de desbloquear los programas de actuación integrada (PAI) pendientes, principalmente aquéllos en los que se prevé el desarrollo de viviendas de protección oficial. En este sentido, cabe recordar que el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se comprometió a finales del 2007 a "desatascar en seis meses el 50 por ciento de los proyectos".

Al respecto, en la última comisión territorial de urbanismo de la provincia se desbloqueó el PAI la Carrasca, en Sant Jordi, el primer programa de golf de la provincia de los últimos años.

Entre las iniciativas de futuro propuestas, desde el sector se vienen planteando algunas propuestas a la Administración central como modificar las medidas fiscales que afectan a la vivienda, impulsar ayudas desde las entidades financieras para facilitar préstamos. Y es que, tal como recalcan los principales agentes económicos de Castellón, tanto empresariales como sindicales, del futuro del ladrillo depende la economía provincial, más aún ante la enorme dependencia de la industria del azulejo respecto a la actividad inmobiliaria.

También plantean arbitrar mecanismos para que resulte más rentable a las empresas y más ágil administrativamente desarrollar VPO, que es un nicho de mercado con amplio potencial y todavía por desarrollar.